En comisiones, el Senado aprobó anoche la minuta para expedir la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con miras a dar mayores instrumentos a las autoridades para un mejor seguimiento de los casos denunciados.

El instrumento es una iniciativa presentada en junio de 2009 por senadores del PRI, que ayer regresó a esta cámara, ya que los diputados le hicieron cambios, que fueron aceptados ayer por los integrantes de las comisiones dictaminadoras.

En la exposición de motivos se señala que es urgente aprobar esa ley, ya que entre 2006 y 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 5 mil 397 expedientes de personas extraviadas o desaparecidas y existen datos de 8 mil 898 fallecidos que no han sido identificados.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe González, comentó que espera que el jueves el dictamen se presente en primera lectura. Precisó que se allanaron a las modificaciones que formularon los diputados, ya que enriquecieron el proyecto, sobre todo para armonizar su contenido con la reciente reforma constitucional en derechos humanos.

Durante la reunión de ayer se aprobaron 11 dictámenes, entre ellos un punto de acuerdo por el que el Senado pide al Ejecutivo federal que instruya a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito elaborar un padrón del número de niños que han quedado huérfanos debido al clima de violencia e inseguridad que vive el país.

Incluye la petición de que se destine una partida presupuestal especial para atender a los huérfanos que, según cifras conservadoras, son más de 10 mil, mediante programas de protección y ayuda sicológica, acceso a la salud y la educación.

Todos estuvieron de acuerdo y el punto se aprobó, excepto el senador del PAN Ramón Galindo. ¿A los hijos de un criminal muerto el Estado les tiene que pagar la escuela? Yo estaría de acuerdo con que no se les puede juzgar, pero que el pueblo mexicano esté obligado a educarlos, no estoy seguro. A su juicio, sería mandar un mensaje equivocado.

Se aprobó también una minuta que reforma la Ley del Registro Público Vehicular, para obligar a las empresas que blindan autos en el país, a llevar un registro que los identifique, ya que han sido robados más de 3 mil en los últimos cuatro años y utilizados por la delincuencia organizada para cometer ilícitos.