En la 32 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el gobierno federal anunció que pondrá a disposición de las entidades federativas préstamos hasta de 12 mil millones de pesos pagaderos a 20 años, para la creación de infraestructura penitenciaria, centros de control de confianza, y la puesta en marcha de salas para la realización de juicios orales. Pidió a los gobiernos estatales que aceleren la integración y certificación de las unidades antisecuestro, ya que aproximadamente 10 por ciento de los integrantes reprobaron los exámenes de confianza.

El presidente Felipe Calderón dijo a los gobernadores que no se están alcanzando las metas mensuales establecidas y a “ese ritmo no estaremos en condiciones de lograr el objetivo. Hay que acelerar el paso. (…) Y debemos avanzar rápido y juntos. Ningún estado debe quedarse atrás en esta tarea”.

Señaló que los acuerdos que buscan mejorar la seguridad no sólo son compromisos políticos, sino obligaciones establecidas en la ley que se deben cumplir.

En la reunión, celebrada en Palacio Nacional, Calderón apuntó que las transferencias para seguridad a los gobiernos estatales aumentaron más de cuatro veces, al pasar de 5 mil millones de pesos en 2007 a más de 20 mil millones este año.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, fue el encargado de explicar el nuevo mecanismo de financiamiento. Señaló que el Banco Nacional de Obras otorgará a los estados préstamos pagaderos hasta en 20 años para la construcción de infraestructura relacionada con seguridad y procuración de justicia. Dijo que este fondo se encuentra ya constituido y en operación, y podría ofrecer a las entidades federativas recursos hasta por 12 mil millones de pesos, específicamente para la infraestructura penitenciaria y sistema de justicia penal.

Marisela Morales, titular de la Procuraduría General de la República, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega, señalaron que existen retrasos en la aplicación de exámenes de confianza a policías estatales y municipales, ya que faltan 372 mil (81 por ciento) por acreditar, y de 86 mil 812 examinados 25 mil 916 (29.8 por ciento) fueron reprobados. Este año se emplearán 2 mil 267 millones de pesos en la aplicación de exámenes de confianza.

Se dijo que los gobiernos locales tampoco han cumplido con la creación de unidades antisecuestro ni con la certificación de su personal, y de mil 300 integrantes, más de 10 por ciento reprobaron las pruebas poligráficas, toxicológicas, de entorno social, médicas o físicas.

Calderón señaló que sólo con policías confiables se podrá alcanzar la seguridad que demanda la ciudadanía.

En la sesión se dio a conocer que las procuradurías estatales también han incumplido con la entrega de información para las bases de datos de personas desaparecidas y de homicidios dolosos presuntamente relacionados con rivalidad delincuencial.

Se firmó un acuerdo para ampliar hasta mayo la fecha de entrega de los casos de personas desaparecidas y asesinadas por el crimen organizado de diciembre de 2006 a diciembre de 2011.

En materia de secuestros, Morales Ibáñez dijo que Tamaulipas, México, Veracruz, Michoacán, Chihuahua y Jalisco presentan alta incidencia, ya que cada año se cometen entre 91 y 180 plagios, mientras Tabasco, Querétaro, Durango, Guerrero, Morelos, el Distrito Federal y 10 más tienen una incidencia media, con registros de entre 26 y 90 casos anuales. Entre los de baja incidencia, que tienen de cero a 25 secuestros, están Coahuila, Yucatán, Tlaxcala y Sonora.

Explicó que de mil 311 elementos que integran las unidades especializadas antisecuestro, 686 aprobaron los exámenes de confianza y su certificación está vigente; 275 acreditaron las pruebas, pero ya venció su certificación; 182 están en proceso y 168 no aprobaron. De estos últimos, cuatro son titulares de unidad, 11 mandos, 54 agentes ministeriales, 83 policías y cuatro peritos.

En cuanto a la integración de unidades antisecuestro, sólo ocho entidades, entre ellas el Distrito Federal, Colima y Chiapas, tienen un avance superior a 70 por ciento en los compromisos de evaluación y capacitación, y 12 no llegan a 60 por ciento.