o hay duda de que Andrés Manuel López Obrador sabe lo que hace. Independientemente de sus discursos, que cada vez son más convincentes, es particularmente importante la formación de su equipo. Recientemente se incorporó Manuel Bartlett y unos días antes lo hizo Juan Ramón de la Fuente, ambos con enorme prestigio personal y experiencia gubernamental amplia; así como Javier Jiménez Espriú. Y por ahí anda, como expectativa laboral, José Agustín Ortiz Pinchetti, un hombre de enorme prestigio periodístico y muy sensible ante los problemas sociales. Su destino evidente será la Secretaría del Trabajo, donde podrá desempeñar exitosamente sus funciones.
La Presidencia de la República no se agota en el personaje principal. El equipo a su entorno suele ser tan importante como el titular y en este momento estoy seguro de que los que lo formen, si son de la misma categoría de los ya conocidos, las posibilidades de AMLO crecerán aún más.
El gobierno actual, sin la menor duda, ha fracasado en temas importantes. Desde luego el laboral, con la falta de aprobación de los proyectos de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), obviamente de corte patronal, que lo único que lograrían sería hacer más intenso el desempleo que padecemos, y que no sería remediado sobre la base de la pérdida de la estabilidad en el empleo fundada en contratos temporales y en periodos de prueba, en lo que dominaría la sagrada voluntad del patrón. Algo como lo que está ocurriendo en España con el decreto ley, que no fue aprobado por el Parlamento sino por el jefe de gobierno Mariano Rajoy y por el rey, donde la temporalidad de las relaciones de trabajo se convierte en nota constante. Es significativo que no haya sido el Parlamento el autor del decreto.
Es evidente que México requiere una reforma a la LFT. La vigente no ha podido superar nuestro corporativismo esencial, que otorga a sindicatos de notable vinculación con el gobierno, la facultad de mantener instituciones que son una verdadera vergüenza, de manera particular la comisión encargada de establecer los salarios mínimos, como lo demuestra su reciente decisión de colocarlos por abajo de los índices de la inflación. Si se analiza la integración actual de la comisión se podrá confirmar la presencia de los representantes de las centrales corporativas, siempre sujetas a las decisiones del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, que sólo piensan en la inflación, pero no en la miseria evidente que vive nuestro pueblo.
Esa reforma que hay que hacer habría de sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje por jueces de lo social, dependientes del Poder Judicial y no de los ejecutivos que gobiernan sobre ellas por conducto de los representantes del Estado, del capital y del trabajo. Hay pruebas de sobra.
No lo digo yo solamente. El que tenga alguna curiosidad podrá examinar las actas del Congreso constituyente de 1916-1917, y en especial la discusión entre el diputado yucateco Héctor Victoria, que hacía un elogio absoluto de las comisiones de trabajo establecidas en la ley laboral de Salvador Alvarado, con José Natividad Macías, de la absoluta confianza de Venustiano Carranza, quien se opuso a la formación de las juntas de conciliación y arbitraje. No puede olvidarse su famosa frase: “…porque debo decir a ustedes que si esas juntas se establecieran con la buena intención que tienen sus autores y no se llegare a comprender perfectamente el punto, serían unos verdaderos tribunales, más corrompidos y más dañosos para los trabajadores que los tribunales que ha habido en México, sería la verdadera muerte del trabajador, y lejos de redimir a esta clase tan importante, vendrían a ser un obstáculo para su prosperidad.” (28 de diciembre de 1916.)
¿Tenía razón Macías? No hay quien lo dude.
