a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer, en su informe Ciudadanía social y reformas de protección social para América Latina, que 44 por ciento de la población pobre en el país carece de cualquier tipo de seguridad social, derecho a la jubilación o ayuda de los programas asistenciales del gobierno. La circunstancia, según el mismo documento, se repite incluso en los sectores medios (40 por ciento) y altos (35 por ciento) de la población.

Menguado orgullo puede representar para el país estar ubicado por debajo de la media regional en cuanto a la falta de protección social para los menos favorecidos (48 por ciento), cuando la circunstancia en México en ese rubro es peor que la que prevalece en naciones como Costa Rica, Uruguay, Chile, Argentina Panamá y Ecuador, y cuando los niveles de pobreza en el país –según informes recientes de la propia Cepal– han venido registrando un aumento sostenido en los últimos años, a contrapelo de lo que ocurre en la mayoría de las economías latinoamericanas.

La circunstancia de precariedad y desprotección que enfrenta un amplio sector de la población, y particularmente los grupos menos favorecidos, es un colofón lógico de las políticas económicas y de seguridad social del gobierno federal en turno y de los que le han antecedido, las cuales guardan absoluta congruencia con el proyecto neoliberal global encaminado a retirar al Estado incluso de sus funciones constitucionales más elementales. En el México contemporáneo, a la par del desmantelamiento de la propiedad pública y la apertura indiscriminada de los mercados, se ha dado un proceso de conversión de los derechos sociales en beneficios asistencialistas; el proyecto de construir un sistema de seguridad social de cobertura universal ha degenerado en sucedáneos engañosos y demagógicos, como el Seguro Popular, y los regímenes de pensiones basados en los principios de solidaridad social han sido aniquilados para dar paso a modelos de retiro individualizado que representan un gran negocio para los bancos.

A la luz de los datos de la Cepal, es inevitable concluir que los canjes mencionados han sido un fracaso para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, pero han resultado, en cambio, sumamente rentables para los intereses privados nacionales y trasnacionales. Un ejemplo claro de ello es que, mientras que un porcentaje importante de los estratos sociales bajos y medios carecen, entre otras cosas, de jubilaciones, las empresas propietarias de las administradoras de fondos para el retiro han registrado ganancias de más de 50 mil millones de pesos desde el comienzo de la privatización del sistema, en 1997, hasta diciembre pasado. Tal contraste encierra, en suma, el verdadero cariz del modelo neoliberal en curso, el cual está diseñado no para beneficiar a las personas sino a los capitales.

Como señala el documento de la Cepal, la desprotección social que se vive en los sectores medios y altos puede obedecer a factores diversos, entre los que se encuentra el avance formidable del trabajo informal registrado en años recientes en el país. En cambio, en lo que toca a los estamentos más depauperados de la sociedad, la circunstancia referida se presenta como un reflejo de que, en los tiempos del neoliberalismo, los más pobres se han quedado literalmente sin nada.

Con los niveles de pobreza y desigualdad social existentes en México, el repliegue del Estado en el cumplimiento de derechos consagrados en la Constitución –al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación, entre otros– no sólo es irresponsable, sino criminal. Urge, pues, emprender una reconfiguración solidaria, justa y viable del modelo económico y social vigente.