a comisión especial de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que revisa los altos cobros realizados por la Comisión Federal de Electricidad, instancia legislativa encabezada por Aleida Alavez, informó ayer que sólo entre enero y marzo de este año se presentaron unas 30 mil denuncias contra la CFE. En forma paralela, dijo la diputada Alavez, en días recientes se han intensificado las amenazas e intimidaciones contra usuarios que interponen quejas ante la comisión que preside.
En efecto, desde la semana pasada han cobrado fuerza, en diversas regiones del país, las protestas contra los cobros desmesurados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las medidas de fuerza y coerción, de dudosa legalidad, adoptadas por esa entidad paraestatal contra usuarios que intentan recursos legales para defenderse y la persecución judicial contra quienes buscan organizar el descontento ciudadano, como es el caso de Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, quienes permanecieron encarcelados 11 meses en Campeche en 2009 y 2010, el de Lucila Bettina Cruz en Oaxaca, o el de Francisco Hernández Ochoa en Chihuahua.
En el centro del país la masiva inconformidad –que se expresa, entre otras formas, en unos 60 mil recursos de inconformidad presentados el año pasado contra la CFE ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)– se origina en el asalto policial a a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), ordenado por Felipe Calderón, la extinción de esa paraestatal y la transferencia masiva de usuarios y contratos a la CFE, con lo cual los consumidores no sólo sufrieron la multiplicación exponencial de las fallas en el suministro eléctrico, sino empezaron a recibir cobros con incrementos disparatados de la tarifa y, en no pocos casos, impagables. Muchos de quienes han recurrido a las instancias legales para evitar los pagos que se les exigen han debido enfrentar cortes eléctricos improcedentes y hasta ilegales, realizados, con frecuencia, con participación policial y hasta militar.
Por añadidura, el remplazo de LFC por la CFE conllevó apagones inusualmente prolongados que significaron pérdidas económicas mayúsculas para decenas de miles de pequeños y medianos negocios, así como bruscas variaciones de voltaje que causaron desperfectos incuantificables en hogares, oficinas, talleres, expendios y locales de servicios. Ninguno de esos costos, con cargo a la sociedad, se incluye en los altísimos recursos que el gobierno federal admite haber invertido en la liquidación del organismo paraestatal que distribuía electricidad en el centro del país. Tampoco se registra, claro, el costo del desempleo –unos 44 mil trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fueron lanzados a la calle de golpe–, ni de la exasperación social causada por el designio de destruir a LFC y a su sindicato.
Estos descontentos por la arbitrariedad y los abusos de la CFE vienen de mucho atrás en otras regiones, como es el caso de la franja fronteriza, donde esa entidad paraestatal coloca a muchos suscriptores –usuarios obligados de aire acondicionado, por las características climáticas de la región– en la alternativa de pagar la electricidad o comer; otro tanto ocurre con miles de productores agrarios, para quienes las altas tarifas eléctricas hacen inviable su actividad.
Se ha señalado en reiteradas ocasiones que los incrementos de las tarifas eléctricas se explican, entre otras razones, porque la paraestatal se ve obligada a invertir sumas crecientes de dinero en la contratación –por lineamientos procedentes de las más altas esferas gubernamentales– de productores particulares de electricidad, aunque con ello no sólo se encarece artificialmente el costo de la energía, sino se contraviene el espíritu del artículo 27 constitucional.
Por las razones que fuera, es de obvia necesidad que el próximo gobierno enmiende la catástrofe social y financiera causada por el actual con su decisión de destruir LFC y de manejar el sector energético con criterios de depredación nacional y social. Es pertinente, asimisimo, poner sobre la mesa la adopción de una tarifa social para la electricidad, como ha venido proponiendo el SME, así como incluir el abasto eléctrico entre los servicios básicos que han de ser considerados un derecho. En lo inmediato, la administración calderonista debe cesar de inmediato el acoso contra los consumidores de electricidad y permitir que las quejas de éstos sean resueltas en forma legal y sin presiones ni amenazas policiales y legales.
