egún fuentes de la Procuraduría General de la República, podrían demorar más de tres meses las investigaciones, a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por la presunta compra de votos con tarjetas de la cadena de tiendas Soriana.
En contraste con la parsimonia con la que actuará la dependencia encargada de investigar las violaciones a la ley en materia electoral, en días recientes la sociedad se ha apresurado a recabar, mediante decenas de testimonios, videos y fotografías, evidencia documental de la presunta compra de sufragios por conducto de la novedosa modalidad de los monederos electrónicos, y otro tanto han hecho diversos medios de comunicación.
Las pesquisas sobre el caso no sólo revisten importancia por cuanto pudieran revelar una práctica ilícita y una distorsión masiva a la voluntad popular, sino también por los indicios que sugieren que dicha operación podría estar relacionada con la entrega de grandes cantidades de recursos públicos de gobiernos estatales priístas a la referida cadena de tiendas de autoservicio –supuestamente para la adquisición de despensas–, lo que de ser cierto configuraría, por sí mismo, otra modalidad de delito electoral.
Un tercer factor que debiera apresurar las investigaciones de la Fepade es el hecho de que una tardanza de tres meses o más, como la que se plantea, afectaría necesariamente el proceso de calificación de la elección que emprenderá en breve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que constituye el último tramo del proceso electoral aún en curso. Si las investigaciones de la fiscalía llegaran a demorar tres meses o más, es claro que la difusión de sus resultados estaría completamente fuera de plazo respecto de la fecha límite para la emisión de un fallo sobre la limpieza y validez de los comicios, el cual debe producirse a más tardar el 6 de septiembre. Sería particularmente negativo para la credibilidad del proceso en su conjunto que ese elemento de juicio se quedara fuera de la calificación que emita el órgano jurisdiccional.
Por desgracia, la actitud de la Fepade no es aislada, sino que resulta sintomática de una institucionalidad que se muestra remisa a la hora de esclarecer y sancionar las prácticas indebidas y antidemocráticas que han proliferado en el actual proceso electoral. Hace unos días, el presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, señaló que el tribunal no puede cambiar la decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas
, en lo que, más que una expresión de efectiva defensa de la voluntad popular, pareció ser un veredicto anticipado de su parte respecto del proceso electoral en curso, una minimización improcedente del desaseo y la presumible ilegalidad electorales revelados en días y semanas recientes y, en consecuencia, una abdicación del funcionario a dotar a los actuales comicios de certidumbre jurídica.
Con el recuerdo fresco de la circunstancia que se vivió hace seis años –cuando la turbiedad electoral fue reconocida por el propio TEPJF, pero aún así determinó avalar los comicios– posturas como las comentadas alimentan la perspectiva de que el país pueda volver a enfrentarse a un escenario en el que se den por buenas unas elecciones marcadas por la ilegalidad, la compra de votos, el desvío de recursos públicos, la intromisión parcial del poder mediático y la inacción de las autoridades.
En suma, lo menos que cabría esperar ante ese conjunto de denuncias y elementos de información disponibles en torno al llamado Sorianagate es que las instancias encargadas de esclarecer esos señalamientos lo hagan en el menor tiempo posible, atendiendo a la consideración elemental de que la justicia, para ser tal, debe ser expedita. El mayor riesgo para la democracia en el momento presente es que las instituciones supuestamente encargadas de protegerla no estén a la altura de las circunstancias.
