En vísperas de concluir la exhaustiva fase de cómputo, con la apertura de más de 212 mil paquetes –de tres elecciones–, el presidente de las Comisiones Unidas de Organización y Capacitación del Instituto Federal Electoral, Alfredo Figueroa, subraya que prácticamente se atendieron todas las causales de apertura, se actuó con criterio amplio para favorecerlo y los resultados han confirmado un impacto residual con relación al resultado original.

En entrevista, asegura que la elección no ha concluido y si bien el margen de diferencia entre los cómputos, el conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares fue marginal en el caso de la Presidencia, existen otros recursos que se deberán agotar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): el impacto de la presunta compra y coacción del voto en el resultado de los comicios presidenciales.

–Se habla de millones de votos comprados.

–Está en su derecho (Andrés Manuel López Obrador) de presentar las pruebas. Es respetable que cada quien establezca las razones por las que considera impugnar la elección, ya sea en una casilla, en un distrito o todo el proceso. Se podrían anular casillas si se confirma que hubo violación al secreto o a la libertad del voto.

“El IFE –continúa– aún tiene que desahogar las quejas relacionadas con el presunto financiamiento ilícito, como los monederos de Monex, las tarjetas de Soriana o también el charolazo, que fueron presentadas por diversas fuerzas políticas. Será ante el TEPJF donde se puedan acreditar estas irregularidades en función de su impacto en el resultado.

No creo que debamos hacer un juicio anticipado de la elección hasta que no se haya concluido con la calificación presidencial. Entonces se verá cual fue la calidad del proceso electoral, si hubo prácticas contrarias a la secrecía y el ejercicio libre del voto.

Recuento satisfactorio

Figueroa admite que en el inicio de los cómputos se cometió un error en la difusión de los resultados que provocó confusiones, pero lo atajamos nosotros mismos y fue afortunadamente resuelto para ajustar el porcentaje de actas computadas que provocó las críticas. En cualquier caso, el funcionario destaca que el modelo implementado por la comisión para enfrentar el estrecho margen que deja la ley para el cómputo operó muy satisfactoriamente y permitirá entregar el resultado de los mismos en los plazos legales.

Tras el recuento de más de 68 mil paquetes, en el caso de la elección presidencial, el margen de diferencia en el porcentaje de votos de los tres candidatos presidenciales es residual: 0.01 en el caso de Josefina Vázquez Mota; 0.06 con Enrique Peña Nieto y 0.05 con López Obrador. Esto hace difícil de comparar el proceso de 2006, cuando solamente se abrieron 2 mil 800 paquetes en el IFE y 11 mil en el TEPJF.

Tras el recuento histórico de mas de 212 mil paquetes –más de 68 mil para presidente, 71 mil para diputados y 73 mil para senadores– precisa que en la fase jurisdiccional no podrán reabrirse nuevamente con fines de recuento. En su caso, podrá anularse una casilla –que haya sido reabierta– si se acrediten las irregularidades que están en los supuestos de la ley. Sin embargo, puntualiza que en 2009, la primera experiencia con la nueva legislación, tras el recuento, la fase de impugnación se redujo sustancialmente.

En su balance destaca que los cómputos se concretaron en los plazos de la ley, pero es claro que la legislación es absolutamente insuficiente para la realidad política, en términos de las presiones de la competencia política y las nuevas causales de apertura de paquetes. Sin el apoyo, muy bueno, que se tuvo con los capacitadores electorales, los cómputos hubieran tardado más de semana y media.

Con el diseño actual la operación de los grupos de trabajo permitió sortear los cómputos sin afectar la calidad, pero sí hubo presión física y mental para el personal por la necesidad del recuento entre miércoles y sábado.