La decisión de Felipe Calderón de vetar la Ley General de Víctimas significa una burla más a todos aquellos que han padecido la violación de sus derechos humanos por parte de órganos del Estado o de la delincuencia organizada, advirtió la senadora Rosario Ibarra.

Dijo que Calderón nunca estuvo de acuerdo con esa legislación, que incluye un capítulo referido a la obligación de autoridades gubernamentales de buscar y reivindicar la memoria de los desaparecidos, y por ello decidió vetarla luego del proceso electoral.

Lo hemos sabido siempre, quienes detentan el poder no quieren avanzar ni un milímetro en la justicia para las víctimas, recalcó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Destacó que en más de cuatro décadas de lucha para reivindicar a desaparecidos políticos ha encontrado todo tipo de resistencias a sancionar a los responsables de ese crimen de lesa humanidad.

La Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso el pasado 30 de abril, no sólo obliga al Estado a prevenir, investigar y reparar daños ocasionados por la delincuencia organizada, sino también las violaciones de derechos humanos, entre las que se incluye la desaparición forzada de personas.

Se establecen mecanismos de búsqueda conforme lo establecido en la legislación nacional y los tratados internacionales en materia de desaparición forzada y se establece que las víctimas y sus familiares tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad. Asimismo, a recibir información específica sobre los delitos y las violaciones de garantías constitucionales sufridas, las circunstancias en que ocurrieron y, en los casos de fallecidos, desaparecidos o no localizados, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.

Al respecto, la también presidenta del Comité Eureka recalcó que la intención de gobiernos tanto del PRI como del PAN es mantener en la impunidad total la desaparición de miles de luchadores sociales y opositores que fueron secuestrados y retenidos en cárceles clandestinas, con bases navales y campos militares.

Indicó que no está de acuerdo con esa legislación, que estableció indemnizaciones para las víctimas o sus familiares. ¿De qué manera nos van a indemnizar? Nosotros lo que queremos es justicia, saber qué pasó con nuestros hijos desaparecidos, que aparecieran y se les restituyera la libertad, porque se los llevaron violando las leyes y la Constitución.

La senadora recalcó que tanto su hijo, Jesús Piedra, como los demás desaparecidos políticos de las décadas de los 60 y los 70 –y de años más recientes– no fueron detenidos sino secuestrados y los retuvieron así en instalaciones castrenses, lo que nunca debieron aceptar ni el Ejército ni la Marina.

Recordó que en el Senado se congregaron en el pasado periodo ordinario de sesiones reformas fundamentales, como la Ley sobre Desaparición Forzada y las modificaciones al Código de Justicia Militar, a fin de que los integrantes de las fuerzas armadas que cometan delitos contra civiles sean juzgados en tribunales del fuero común.

Es obvio, insistió, que no hay voluntad, ni del gobierno ni del Congreso para sancionar a quienes desaparecen y torturan a personas.