A poco más de un año de que por la denuncia realizada en La Jornada, el presidente municipal con licencia de Atlacomulco, estado de México, Fidel Almanza Monroy, giró instrucciones para solucionar la situación en que se encontraban siete familias de indígenas mazahuas de la comunidad de San Felipe de Pueblo Nuevo –a las cuales la construcción de una barda para ampliar el atrio de la iglesia local les privó del único camino para llegar a sus domicilios–, el caso empeoró derivado de intereses electorales, denunció el abogado de los afectados, Julio Loya Lara.

El litigante refirió que debido a que Almanza Monroy se postuló para diputado local, dejó de apoyarlos respecto al acuerdo al que habían llegado hace aproximadamente un año para colocar un terraplén y que los integrantes de las familias Manuel Pedro pudieran entrar y salir de sus viviendas tanto a pie o en vehículo.

De acuerdo con el litigante, el priísta Almanza Monrroy prefirió contar con las simpatías de votantes en lugar de respetar lo acordado.

El señor Almanza nos dijo con toda claridad que le iba a parar porque él se iba para diputado local y que ya no quería darle continuidad a eso, pues lo que quería eran votos, no le importaba la solución, porque ésta hubiera traído oposición por parte de los votantes y él prefirió los sufragios a la solución del problema.

El abogado indicó que la solución no agradó a la comunidad, desde el principio, e incluso hace unos días en el Tribunal Agrario en Toluca los conminaron a que nos desistiéramos del juicio. Explicó que al no hacerlo, el viernes pasado los denunciados convocaron a una asamblea y acordaron construir una barda más alta.

Como consecuencia, tanto el abogado como Alberto Manuel Pedro, integrante de las familias afectadas, indicaron que ya está llegando material de construcción y que se prevé que el inicio de la obra en la barda comience mañana lunes.

Acotó que ahora, tras los resultados electorales, “la gente se está engallando y se sienten más prepotentes que nunca y una forma de demostrarlo es tomando una decisión tan aberrante como encerrar a unos vecinos en sus casas sin dejarles opción de salida, lo cual es inconcebible porque el derecho de paso lo debe tener garantizado todo el mundo”.

Ambos refirieron que la comunidad se siente apoyada por la autoridad y no piden permiso, porque para hacer una obra se requiere autorización de Obras Públicas, y añadieron que ayer dejaron una carta en el ayuntamiento en el cual responsabilizábamos a la autoridad municipal de lo que pueda suceder.

Desde hace casi cinco años los integrantes de dichas familias están encerrados debido a la ampliación del atrio de la iglesia San Felipe Apóstol y al levantamiento de una barda de piedra para cercarlo.

El párroco del templo, Saúl Silva, acordó la construcción junto con un grupo de feligreses y con esto desaparecieron el camino de terracería por el que transitaban los hermanos Manuel Pedro y sus familias. Quedaron encerrados por la ampliación del atrio, así que tenían que salir brincando una barda de poco más de un metro de altura, pero ahora ni eso podrán hacer, denunció el abogado, quien acotó que el párroco, quien no habita en el templo –sólo acude a oficiar los domingos– dice que él es ajeno al problema, que le dieron la posibilidad de ampliarse y lo hizo.