l momento de escribir estas líneas, miles de ciudadanos han denunciado y documentado las siguientes prácticas de defraudación de nuestra Constitución Política, la ley electoral (Cofipe) y de la soberanía popular expresada en el voto ciudadano y que ocurrieron antes, durante y después de la jornada electoral.

En los meses y semanas previos al 2 de julio, vimos gastos multimillonarios por fuera de la ley electoral, rebasando los topes de campaña y con dinero de procedencia ilícita, en la compra de tiempo en televisión (entrevistas y comentarios pagados), y de encuestas hechas como propaganda (incluso diarias) y difundidas por televisión, radio y periódicos de todo el país, influyendo ilegalmente en la percepción de los ciudadanos e induciendo sin pudor el voto a favor de Enrique Peña Nieto y rematando con ilegales promocionales de televisión en el canal 5 de Televisa, sin firma, en contra de Andrés Manuel López Obrador y sin olvidar el despliegue multimillonario de espectaculares al arranque de las campañas… Todo ello ante la pasividad cómplice del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación (TEPJF).

Antes y durante la jornada electoral también vimos la compra masiva de votos con dinero en efectivo, vales de gasolina, despensas, materiales de construcción, electrodomésticos, tarjetas telefónicas prepagadas y para las tiendas Soriana, Aurrerá, Chedraui y Walmart… (con miles de millones de pesos de procedencia ilícita); regresaron las conocidas e ilegales prácticas de la operación tamal (desayunos para acarrear y asegurar votantes); todos votan (casillas donde votó 100 por ciento –o más–, hasta los que no estaban en el lugar o que ya habían muerto); tacos de votos (introducción de varios votos por un mismo votante) realizado con boletas impresas en los Talleres Gráficos de la Nación (2.5 millones) después de que se había terminado oficialmente la impresión y con boletas impresas en Texas (otros 3 millones); decenas de miles de ciudadanos en tránsito que no pudieron votar porque, deliberadamente, el IFE no instaló suficientes casillas especiales (es facultad del IFE definir el número de éstas, y pueden ser hasta cinco por distrito electoral artículo 244 Cofipe); carruseles (gente que vota varias veces en diferentes casillas); casillas zapato (con la modalidad de que se pusieron unos cuantos votos a otros candidatos para que no se identifiquen); acarreo de votantes; coacción de votantes afuera de las casillas; robo de urnas, quema de boletas electorales o tiradas a la basura; amedrentamiento y violencia contra funcionarios y representantes de casillas, incluyendo secuestros y hasta asesinatos, así como agresiones físicas contra observadores electorales ciudadanos. Todo ello ante la pasividad cómplice y generalizada de policías y autoridades electorales.

También fuimos testigos del comportamiento espejo de la gráfica de la captura de los resultados en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que indica que no es el resultado aleatorio de la captura de las actas, sino que hay un factor numérico que pondera y ajusta la captura de los datos.

Al término de la jornada, en los distritales del IFE se han encontrado casillas sin sello, rotas y evidentemente alteradas; boletas sin doblar al interior de las urnas (eso sería imposible si fueron depositadas durante la elección, pues sencillamente no entran); casillas fantasmas (casillas que no se instalaron y que aparecen con datos en el PREP –lo que sería imposible sin una acción deliberada– y casillas instaladas que no aparecen en el PREP); alteración y falsificación de actas o de su captura en el PREP (no coinciden –y por mucho– con las sábanas pegadas fuera de la casillas); las miles de actas en el PREP con inexplicables y enormes diferencias, entre los votos para presidente, senadores y diputados federales (¡las diferencias son de decenas y centenas de votos por casilla!, lo que indica la inexplicable existencia de votos de más y/o de menos), pero más grave aún es el inexplicable porcentaje de participación en muchas zonas rurales (muy por encima de la media), lo cual no coincide con ningún comportamiento electoral en el mundo, salvo con una excepción: en el fraude electoral de 1988 en México. Anomalías todas ellas evidentes, que, sin embargo, el IFE no las ve ni las corrige.

Como remate, la noche misma de la elección, vimos un nuevo despliegue de desinformación de las encuestadoras y las televisoras dando a conocer encuestas de salida manipuladas. Vimos al Ejecutivo Federal y al presidente del IFE, con prisa de ladrones, dar un madruguete, violando la ley electoral y declarando ganador a Peña Nieto, ¡antes de que se capturaran las actas y se hiciera el escrutinio distrital, es decir sin resultados oficiales! Vimos también al presidente del IFE declarar que era la elección más limpia de la historia, ¡cuando aún no concluía la jornada electoral!, y un par de días después llamar a aceptar los resultados ¡sin que se hubiera realizado el recuento oficial de votos y por tanto no hubiera tales resultados! Y por si fuera poco, el presidente del tribunal electoral dio simultáneamente por rechazadas las posibles impugnaciones legales al proceso, ¡sin que éstas se hayan presentado aún!, al declarar que lo que no se gana en la cancha no se puede ganar en la mesa.

Quienes han infringido las leyes electorales y con miles de millones de pesos han corrompido y prostituido nuestra democracia, impulsan una filosofía y una práctica pública inmoral y atroz que profundizan la anomia social y la ilegalidad: la ley está hecha para violarse, con dinero baila el perro y hay que aprender a perder haiga sido como haiga sido, pues el fin justifica los medios.

¡Así no!, dicen millones de ciudadanos. Si el PRI gana derecho, está bien, así es la democracia, pero no a la mala, no con trampas y violando la ley. En verdad que, con tantas y tan voluminosas alteraciones y violaciones a la ley electoral, para muchos resulta imposible reconocer el resultado. El voto no fue libre y la elección fue una farsa, no fue legal ni será legítima.

Oponerse al fraude electoral y defender la legalidad democrática significa rechazar esa inmoral filosofía y sus prácticas. Nuestra Constitución indica (Art. 41) que las elecciones deben ser libres y auténticas, principios rectores que han sido violentados por la simulación democrática de unas elecciones obscenamente compradas. La frágil imposición por la vía de la percepción parece cada vez menos viable con los sectores indignados que marchan y se organizan. Es un asunto de todos y para todos.