Washington, 10 de julio. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, rechazó este martes que Paraguay vaya a ser suspendido de la agrupación continental a raíz de la destitución del presidente Fernando Lugo. Ello, consideró, causaría divisiones y sufrimiento innecesario al pueblo de ese país sudamericano.

Al final de la reunión no hubo consenso, por lo cual se optó por aplazar la adopción de medidas. Frente a los países que abogaban por sanciones, la mayoría de los representantes pidieron tiempo para que sus gobiernos analicen el informe y tomen una decisión en una próxima sesión del organismo regional.

La suspensión conllevaría altas implicaciones económicas y políticas para esa nación, debido al impacto directo de la decisión en otras instituciones del sistema interamericano, manifestó Insulza al presentar su informe sobre la visita a Paraguay de la semana pasada, al frente de una delegación del organismo, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente en Washington.

Así se refirió a las recientes decisiones de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y del Mercado Común del Sur (Mercosur) de suspender a Paraguay hasta los comicios de 2013, por la destitución de Lugo el 22 de junio, luego de que el Congreso paraguayo lo sometió a juicio político sumario por el mal desempeño de sus funciones.

Subrayó: La adopción por la OEA de una medida similar no contribuiría a alcanzar nuestros objetivos de promover el diálogo y fortalecer la democracia en Paraguay, en respuesta a países de la Alianza Bolivariana para Nuestra América (Alba), entre ellos Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que han reclamado la suspensión de Paraguay del organismo hemisférico.

En esa línea de las naciones del Alba que insisten en hablar de un golpe parlamentario, el embajador venezolano Roy Chaderton fustigó lo que consideró tibieza o abulia de la OEA ante la violación flagrante del debido proceso por el congreso paraguayo. También acusó a Estados Unidos y Canadá de actuar con doble rasero, ya que en un proceso similar en Rumania sí expresaron su preocupación.

Tanto Chaderton como el embajador de Nicaragua, Denis Moncada, criticaron que en la misión de la OEA –incluyó representantes de México, Haití, Canadá, Estados Unidos y Honduras– no haya participado ningún miembro de la Unasur.

La mayoría de los países pidieron tiempo para evaluar las conclusiones del informe de Insulza y discutirlos en una nueva reunión en días próximos, mientras Argentina y Perú solicitaron que se convoque ya a una reunión de cancilleres de la OEA sobre el tema. Pero Estados Unidos dijo que era prematuro, ya que antes se debe revisar y discutir el informe.

Por el contrario, Insulza propuso formar una misión de la OEA que promueva el diálogo en Paraguay y acompañe los preparativos de las elecciones generales de abril de 2013. Una discusión a ese nivel podría permitir la búsqueda de salidas constructivas, comentó en esta tercera reunión extraordinaria convocada por la OEA sobre Paraguay.

Asimismo, se defendió de la acusación de que ningún país de la Unasur participó en la misión que encabezó en Paraguay del primero al 3 de julio, durante la cual se entrevistó con los principales actores del gobierno del destituido Fernando Lugo y del nuevo gabinete de Federico Franco. Expresó que no recibió respuesta de dos naciones sudamericanas, que no especificó, a las cuales invitó a acompañarlo.

No creo que sea cualquier cosa lo que pasó en Paraguay ni que esté perfectamente bien. Creo que se cometieron errores, pero tenemos que ser más medidos en nuestros juicios y ver de qué manera ayudamos a Paraguay, declaró el secretario general de la OEA.

Insulza destacó que en Paraguay existe una situación de normalidad política, social y económica que es conveniente preservar. Eludir una suspensión evitaría aumentar las divisiones políticas y sufrimientos innecesarios al pueblo, indicó.

Objetivos de la nueva visita

La misión, explicó Insulza, tendría por objetivo vigilar desde ahora el respeto a las garantías necesarias para que todos puedan competir en igualdad de condiciones, evitar represalias contra el ex presidente Lugo y sus seguidores e impulsar un debate sobre las normas que rigen los juicios políticos.

La última suspensión que aprobó la OEA, la de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009, que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, acarreó a ese país sanciones como la suspensión de programas de ayuda de la organización y el desembolso de créditos de entidades multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

El representante de Paraguay ante la OEA, Bernardino Saguier, se apresuró a señalar que su gobierno estaría dispuesto a recibir dicha misión, y pidió a la organización no realizar un juicio de la inquisición y evitar sanciones contra su país.

Saguier se declaró satisfecho por la reunión y abogó por que se tome una decisión lo más pronto posible.