La falta de reglas de operación y de fiscalización en los estados es lo que lleva al uso discrecional de recursos de los programas sociales y que éstos sean utilizados para cooptar voluntades y compra de votos. Se requieren cambios legales para que se sancionen estas acciones, las cuales se han ido sofisticando: se pasó de las urnas embarazadas a las tarjetas Soriana, señaló Virgilio Bravo, investigador especializado en políticas públicas del Tecnológico de Monterrey (campus estado de México).

Los gobiernos federal, estatales y municipales destinan recursos a la ayuda asistencial; de ahí el paternalismo. Esto no se ha revertido para transformarlo en algo productivo. Y es cuando se instrumentan estos programas. Lo reciente, con las tarjetas Soriana, es la perversión de la política pública, sostuvo el investigador.

Había el temor de que la Secretaría de Desarrollo Social usara los programas para cooptar el voto: Esto no sucedió. Los gobiernos estatales en manos del PRI lograron este objetivo; por eso vemos que lo de Soriana es un escándalo e incluso ya perdió puntos en la bolsa de valores.

La reforma electoral que urge en el país es para que estas cuestiones no afecten una elección presidencial, porque a ojos de muchos, extranjeros y nacionales, hay un tufo de que las cosas no fueron del todo limpias. Todos lo sabemos, pero no se hace mucho, no hay marco jurídico que sancione esto. No hemos hecho las modificaciones legales para que esto no ocurra, señaló Bravo.

Por su parte, Sergio Ramírez, líder del proyecto del Comité Conciudadano para la Observación Electoral, opina que los programas sociales que manejan los estados no cuentan con reglas de operación, aunque la mayor parte tienen leyes impuestas por Sedeso, y es ahí donde se aprovechan los operadores políticos y las dependencias gubernamentales para bajar los recursos a las acciones electorales.

En los estados hay una dispersión de programas sociales. Algunos están reglamentados, otros no, y las partidas se entregan de manera discrecional y no hay forma de conocer el destino de los recursos utilizados para la cooptación del voto.