Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) acordaron ayer cerrar filas, no caer en provocaciones y resaltar que la sanción penal por compra y coacción del voto no es responsabilidad del árbitro de la contienda, sino de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Con este deslinde, hoy al mediodía los consejeros darán un mensaje con motivo de la impugnación de la elección presidencial que interpondrá el jueves la coalición de izquierda Movimiento Progresista.

El IFE destacará también que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la instancia que calificará la elección presidencial.  

Por lo pronto, argumentó que este instituto no puede adelantar sus dictámenes acerca de las quejas en curso: 24 procesos especiales y ordinarios sancionadores por violaciones al código electoral, relacionadas con compra y coacción del voto.

El lunes pasado, el presidente Felipe Calderón calificó de inaceptable la compra y coacción del voto. Al respecto, Benito Nacif exhortó al jefe del Ejecutivo para que, en su calidad de superior jerárquico de la Fepade y de la PGR, llegue al fondo y resuelva rápidamente las indagatorias.

Señaló que la Fepade sí podría resolver los casos antes del 6 de septiembre, fecha límite para la calificación de la elección presidencial en el tribunal. Es correcto; ellos tienen los instrumentos y esa es su atribución específica, porque estamos hablando de delitos electorales claramente tipificados en el Código Penal Federal, dijo.

Sería el primero en exigir a la Fepade que realice esa investigación, porque todos estamos preocupados que esa compra de votos haya podido realizarse. Por supuesto que son prácticas inaceptables, por lo que deben resolver a la brevedad, advirtió.

Por lo que toca a la comisión de quejas que preside, dijo que tienen en marcha 24 procedimientos, lo mismo en contra del gobierno federal que de partidos políticos de todos los colores.

En tanto, señaló, los plazos para entregar el dictamen de gastos de campaña están en el código electoral y éste marca la entrega hasta enero de 2013. El dictamen puede surgir sólo después de que se presenten los informes, incluidos los casos más relevantes, como el de la presunta triangulación de recursos para el pago de la estructura del PRI en casillas (caso Monex), promovido por el PAN, así como la presunta entrega de monederos electrónicos de Soriana para la compra del voto en favor del PRI, situación denunciada por la coalición de izquierda.

El consejero Francisco Guerrero señaló que tanto el PAN como el presidente Calderón han reconocido la buena organización del IFE y que los conteos fueron exitosos. Las instancias correspondientes para resolver las denuncias son la Fepade y la PGR, que dependen del presidente de la República.

El Presidente puede hacer mucho por atender las denuncias que han presentado todos los partidos, y una buena manera de acelerar las investigaciones la tiene el propio Ejecutivo.