La causal de nulidad de la elección presidencial deberá sustentarse en la existencia de irregularidades graves, que no sean reparables, junto a los actos de escrutinio y cómputo aplicados en la jornada comicial, sostuvo el abogado Juan Ramiro Robledo.

En entrevista con La Jornada, sostuvo que el escrutinio y cómputo de votos no pueden corregirse con el sufragio que llegó negociado. Por ejemplo, cuando a una señora le dan una tarjeta de Soriana para votar por el PRI y ella, por ignorancia, vota así.

Si (la falta) no es reparada el día de la votación, pone en duda la certeza de ésta y el resultado. Por tanto, si esto ocurre en 25 por ciento de las casillas la votación puede anularse.

El tribunal tiene facultades para dar trámite a la demanda

El especialista en derecho electoral refirió que esa circunstancia se inscribe en la tesis de los hechos notorios. Y en el caso del uso clientelar de las tarjetas Soriana en los estados de México, Veracruz, Coahuila y Sinaloa sí se puede acreditar que hubo compra de votos. Ese será el planteamiento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar la nulidad total de la elección.

El tribunal tiene amplísimas facultades para recibir todas las pruebas, ordenar que se realicen inspecciones y requerir testimonios, información de redes ciudadanas y todas las procesales. Hay capacidad en el TEPJF para instruir y dar trámite a una demanda como ésta, aseveró.

Al preguntarle si a pesar de la estrategia mediática desplegada existe posibilidad de cambiar el resultado de la elección, el ex subsecretario de Gobernación expuso: Salida jurídica sí hay; política, es otra cosa. Fundamento legal, sí hay.

La discusión se centra en dos aspectos: primero, cuántos votos entraron realmente a las urnas, y para verificarlo está el recuento del IFE, con casi el mismo número de votos que anunciaron con el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Pero el punto fundamental es cómo llegaron los votos a las urnas. Nuestra afirmación es que llegaron por medios ilegales, que significan irregularidades importantes. Ahí están los poderosos medios de comunicación que se encargaron de hacer, desde hace años, candidato a Enrique Peña Nieto cuando todavía no lo era. Eso está en la memoria colectiva, es un hecho notorio, un término con relevancia probada, así como la tendencia en su favor de la mayor parte de los medios, otro hecho notorio.

–¿Se evidencia un fraude con los temas Monex y Soriana?

–Fueron dádivas, regalos y entregas, compras e intercambios. Ahora las trampas ya no se hacen el día de las elecciones. La Constitución señala que (los comicios) deben ser mediante el sufragio universal, libre, secreto, intransferible, en un proceso con imparcialidad e independencia.

En términos concretos, la Ley de Medios de Impugnación, que existe desde 1996, establece las causas para anular una casilla, una elección de diputado o senador, y que puede anularse una elección de presidente de la República.

El artículo 77 bis, adicionado en 2008, incluye una hipótesis para que la elección de presidente de la República sea anulada.

Cuando 25 por ciento de las casillas del país se hayan anulado en la elección de presidente de la República o no se hubiera instalado más de 25 por ciento, y más allá, cuando resulte la inegibilidad del candidato ganador. Además, el último inciso del artículo 75 de la Ley de Medios de Impugnación señala una causal de nulidad de la casilla similar a la causal abstracta que se utilizó en Tabasco y Colima, y la ley recogió aquel principio jurisprudencial y lo convirtió en inciso propio.

–El tema se torna político, no jurídico. ¿Tendrá el TEPJF suficientes elementos para determinar la nulidad?

–No lo veo fácil. Existe la posibilidad jurídica de anular la elección por notorias irregularidades en muchas partes del país, pero se requiere de una decisión política para resolver el caso. Han aflorado pruebas, testimonios y denuncias en sólo ocho días, y en julio y agosto va haber un sinfín de pruebas aplastantes que van a poner al tribunal contra la pared.

Si no lo hace el TEPJF (anular la elección) quedará descalificado, y se va a convalidar la Presidencia a alguien que va quedar con la corona abollada, incapaz de conducir un país dividido. Se requiere mucho más que Peña Nieto para conducir este país.