a decisión de Uzbekistán de suspender su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), como era previsible, creó un precedente negativo para Rusia que ve peligrar su presencia militar en Asia central, al tiempo que los regímenes autocráticos de la región buscan sacar beneficios económicos y garantías de seguridad tras el retiro de las tropas estadunidenses de Afganistán en 2014.

Tayikistán, que el año pasado anunció estar de acuerdo en prolongar 49 años el arrendamiento de la base militar de Rusia, ahora dice que el plazo no debe ser mayor de 10 años y, lo que es peor para Moscú, incrementó el alquiler de manera desproporcionada.

Esa base, cercana a la frontera con Afganistán, es la instalación militar más grande que tiene Rusia fuera de su territorio y alberga a casi 7 mil soldados que están ahí, sostiene el Kremlin, para proteger la seguridad en el flanco meridional de la OTSC.

Pero el eterno gobernante tayiko, Emomali Rajmon, está siguiendo los pasos de su colega uzbeko, Islam Karimov, en el sentido de recortar su dependencia respecto de Rusia y considera que cuando Estados Unidos salga de Afganistán no se irá de la región y necesitará nuevas bases para mantener sus tropas.

Por ello, se comenta, Rajmon está pensando en ofrecer a Estados Unidos el aeródromo militar de Ayni, que anhelan Rusia e India, como prueba de la reformulación de la política exterior tayika y de su alineación con Washington.

Kirguistán –único país centroasiático que tiene instalaciones militares de Rusia y Estados Unidos– parece que sí considera la base aérea rusa de Kant como parte de la OTSC, lo cual no obsta para querer más dinero por su alquiler y el de los otras tres instalaciones militares rusas en su territorio.

Son vitales para el ejército de Rusia: la base de pruebas subacuáticas de armamento en Karakol, en el lago Issyk-Kul, es donde se realizan los lanzamientos de nuevos torpedos; el centro de comunicaciones en Kara-Balt permite enlazar con los submarinos rusos en el Índico y parte del Pacífico; y el laboratorio radio-sismológico de Maily-Suu facilita la detección de cualquier explosión subterránea en el sur y sudeste de Asia.

Cuando Azerbaiyán aumentó el alquiler de la estación de radares en Gabala de 7 millones a 300 millones de dólares por año, Rusia dio por perdida esa instalación y aceleró la construcción de una más moderna en su territorio.

¿Pasará lo mismo con sus bases en Asia central? Es difícil saberlo porque la presencia militar de Rusia en la región se corresponde con sus intereses geopolíticos. Es también una cuestión de prestigio en la que está en juego el liderazgo en el espacio postsoviético. En síntesis, el Kremlin tendrá que buscar nuevos argumentos para convencer a los autócratas centroasiáticos o acabará pagando el desorbitado alquiler que a éstos se les ocurra fijar.