De acuerdo con un estudio promovido por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), existe un notorio atraso en las leyes y reglamentos federales y estatales que rigen la utilización de las Tecnologías de la Información en cuestiones de comercio, gobierno y justicia.

El estudio, denominado Proyecto de homologación normativa en materia de tecnologías de la información, realizado entre 2008 y 2011, revisó 14 mil 912 ordenamientos legales de los tres niveles de gobierno en el país, de los cuales sólo 38 por ciento hace algún tipo de referencia a las Tecnologías de la Información.

Al presentar los resultados ante los medios, el presidente de la AMIPCI, Manuel Tamez, afirmó que existen aún muchos pendientes por resolver en el cuerpo normativo de entidades y municipios, para que el marco legal de las tecnologías de la información den certeza jurídica a los usuarios y a las transacciones a través de Internet.

Sostuvo que tal como se encuentran las normatividades –federales, estatales e incluso municipales– presentan vacíos, asimetrías, diferencias de criterios, que se explican por la rapidez con que han evolucionado las herramientas tecnológicas. Esta situación, subrayó, resta certidumbre al empleo de las TI en materia de comercio, gobierno y justicia.

El presidente de la AMIPCI también recordó que actualmente en México sólo 12 por ciento del comercio se lleva a cabo en línea, lo cual sitúa al país por abajo del promedio mundial.

La investigación se concentró en cuatro grandes temas: contratación en línea y comercio electrónico; gobierno y Tecnologías de la Información; seguridad de la información, y delitos informáticos.

La heterogeneidad de los marcos jurídicos no favorece el desarrollo de la innovación ni la reducción de la brecha digitalFoto Yazmín Ortega Cortés

Del análisis de los datos obtenidos, el estudio diagnostica una gran disparidad en las políticas públicas para el desarrollo de las Tecnologías de la Información, la falta de homologación en los conceptos relativos al sector (por ejemplo: donde unos usan el término “portal“, otros utilizan página web), muchos textos no están actualizados y la diversidad de formatos en que cada entidad da a conocer su respectiva normatividad.

Carlos Ponce, director de CGMPS Consultores, firma encargada del estudio, expuso que la heterogeneidad de los marcos jurídicos en los distintos estados no favorece el desarrollo de la innovación de la industria de las tecnologías de la información ni la reducción de la brecha digital, y tampoco da certeza jurídica a los actos realizados en el entorno digital.

Una de las conclusiones derivadas del estudio y refrendadas por la AMIPCI es la necesidad urgente de armonizar los ordenamientos y legislaciones existentes, con la finalidad de generar un ambiente legal favorable al uso de las Tecnologías de la Información.

El estudio, desarrollado desde 2008 con los auspicios del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software, de la Secretaría de Economía, y del Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información del Banco Mundial, también propone reformas constitucionales federales y estatales y modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública en materia de Tecnologías de la Información.

(El estudio íntegro se encuentra en el portal de la AMIPCI: www.amipci.org.mx)