ras culminar la revisión de mil 125 paquetes electorales, Flavio Galván y María del Carmen Alanís, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), minimizaron los errores de cómputo de los sufragios emitidos en la elección del pasado 1º de julio y afirmaron que las boletas dudosas representan sólo una ínfima fracción del total. Por su parte, el presidente del organismo, Alejandro Luna Ramos, elogió el ejercicio de revisión porque, dijo, robustece las instituciones y brinda total confianza a la ciudadanía. El magistrado se refirió también a la pertinencia de preservar cada uno de los votos emitidos, porque con ello se protege la decisión que ha tomado la ciudadanía.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los siete magistrados que integran el tribunal electoral del país se ha manifestado acerca de las impugnaciones presentadas por la coalición Movimiento Progresista sobre el presunto rebase de gastos de campaña por parte de la fórmula priísta, sobre la supuesta compra de unos cinco millones de sufragios –los cuales habrían sido emitidos a cambio de dinero– y sobre las posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en la campaña del candidato oficialmente triunfador, Enrique Peña Nieto.

De resultar ciertas estas acusaciones, sería irrelevante que los votos hubieran sido contados en forma correcta, porque la elección se habría realizado sin las condicionantes constitucionales de validez y sin apego a los principios de respeto al sufragio libre y secreto mencionados ayer por el propio Luna Ramos.

Es por demás preocupante que, con el telón de fondo de la inconformidad que dejó en amplios sectores de la sociedad la realización de los pasados comicios, el TEPJF parezca orientado y predeterminado a repetir, en lo sustancial, las cifras emitidas por el Instituto Federal Electoral (IFE) y a emular la conducta omisa de ese organismo y de la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos Electorales (Fepade) por lo que se refiere a la prevención, investigación y sanción de las graves irregularidades denunciadas.

Sea cual fuera el sentido de la resolución que el TEPJF vaya a emitir en los días próximos, el hecho es que sus integrantes no han dado muestra alguna de voluntad para sopesar el problema de fondo denunciado por el Movimiento Progresista y confirmado por diversas voces del panismo: que una importante porción de los sufragios depositados en las urnas no fueron expresión de la voluntad ciudadana, sino del dinero, un dinero, para colmo, manipulado en forma oscura.

En suma, el órgano jurisdiccional no parece estar enfocado en su tarea, sino ocupado en reproducir los argumentos de legitimidad y legalidad esgrimidos por el Revolucionario Institucional y por el IFE. Y ello es un signo ominoso para la solidez de las instituciones, para la credibilidad de los organimos electorales involucrados y para la estabilidad política del país. Cabe demandar que el TEPJF logre colocarse en esta ocasión –como no lo hizo en 2006– a la altura de su misión constitucional.