Moscú, 17 de agosto. Las integrantes del grupo punk Pussy Riot, que el 21 de febrero pasado irrumpieron encapuchadas en el altar mayor de la moscovita catedral de Jesucristo Redentor para bailar una misa y cantar una oración contra Vladimir Putin –entonces primer ministro y ahora presidente por tercera ocasión–, deberán permanecer entre rejas un año y siete meses más.

Así lo decidió la juez Marina Syrova, de la corte Jamovniky de Moscú, quien declaró este viernes a Nadezhda Tolokonnikova, de 22 años; Yekaterina Samutsevitch, de 30, y Maria Aliojina, de 24 –dos de ellas madres de niños pequeños–, culpables del delito de vandalismo con incitación al odio religioso, y las condenó a dos años de prisión efectiva, a partir del día de su detención preventiva, hace cinco meses.

A todas luces parece un castigo desproporcionado al irreverente uso del principal templo de la Iglesia ortodoxa como tribuna política y escenario para un improvisado concierto punk, aunque el artículo del código penal que se les incrimina permite emitir condenas hasta de siete años de cárcel y el fiscal pidió para las jóvenes tres años de privación de libertad.

Los días previos a la lectura de la sentencia se especuló con la posibilidad de que la juez las declarara culpables y condenara a una pena condicional, sin cumplir más días de cárcel a los ya sufridos como prisión preventiva.

Represión asimétrica

Pero resultó una quimera, debido a que las autoridades rusas hicieron de un episodio francamente menor –merecedor de una simple multa por una reprobable falta administrativa– un gran problema de libertad de expresión con repercusiones internacionales (de Sting, Patty Smith, Björk, Red Hot Chili Peppers, Faith no More, Yoko Ono, Madonna a Paul McCartney, entre otras figuras de la música mundial, así como de activistas y políticos en muchos países) que llegó a cuestionar la tolerancia del Kremlin frente a acciones hostiles en su contra.

Porque hay dos cosas obvias: la justicia rusa se supedita por completo al Ejecutivo, y éste, entendido en este caso como los múltiples eslabones de poder que sirven y representan al presidente en su relación con los jueces, no podía perdonar a las muchachas después de que cantaron: Virgen María, Madre de Dios, líbranos de Putin.

Una sentencia absolutoria –por lo demás improbable después de cinco meses de prisión preventiva, como si las jóvenes fueran una amenaza para la sociedad– sería vista como una muestra de debilidad del Kremlin de cara a la oposición política, habrán argumentado, casi seguro, los ideólogos de la actual política de represión a los inconformes.

Por eso la juez Syrova puso énfasis en que las Pussy hirieron el sentimiento religioso de una veintena de supuestos testigos, que dicho sea de paso se enredaron en sus declaraciones por la brevedad del performance del grupo punk en febrero, mientras la Iglesia ortodoxa sacó a la calle a cientos de seguidores en protesta por lo que calificó de profanación de su mayor templo.

Estas movilizaciones, en el contexto de las muchas muestras de apoyo al grupo punk, no pudieron crear la impresión de que la sociedad rusa se dividió, por lo que se vino abajo la tesis defendida desde el Kremlin de que cualquier sentencia, condenatoria o absolutoria, tendría seguidores y detractores.

Ha habido, ciertamente, declaraciones de jerarcas eclesiásticos y de fanáticos religiosos que hablan de un ataque contra la Iglesia, pero la mayoría de los rusos, incluso aquellos a quienes inicialmente les pareció poco afortunada la acción de las Pussy en la catedral, cree inmerecido el castigo a las muchachas y opina que deberían quedar en libertad.

Es de la misma opinión el comisionado para los derechos humanos, adjunto al Kremlin, Vladimir Lukin, quien considera injusta la condena.

Hasta el consejo superior de la Iglesia ortodoxa, mediante un comunicado emitido una hora después de conocida la sentencia, un poco tardíamente, hizo público este deseo del patriarca Kiril: sin poner en duda la legitimidad de la decisión de la justicia, pedimos a las autoridades del Estado que muestren clemencia hacia las condenadas con la esperanza de que ellas renunciarán a repetir este tipo de sacrilegio.

Sin embargo, la impresión que queda es la de que el Kremlin reprime de manera asimétrica cualquier manifestación contra el presidente Putin, por más que se pretenda justificar el castigo con una supuesta humillación de sentimientos religiosos.

Así lo expresó, por poner un ejemplo del impacto de la noticia fuera de Rusia, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, quien se mostró muy decepcionada con la decisión desproporcionada de la justicia rusa que, a su modo de ver, va en contra de las obligaciones de Rusia en materia de libertad de expresión.

Este caso no termina aquí. Los abogados recurrirán la sentencia en un plazo de 10 días, hasta agotar instancias.