omo adivino es un desastre, y como secretario de Economía también. A principios de mes, Bruno Ferrari anunció que “pese al dumping y la influenza aviar, tanto el huevo como el pollo se han abaratado en las últimas semanas”, al tiempo que difundía la buena nueva: de llegar a venderse hasta a 26 pesos por kilogramo durante julio, el huevo se comercializó el primero de agosto a 17.25 pesos en promedio, de tal suerte que de nueva cuenta los consumidores mexicanos podrían dar rienda suelta a su desarrollada afición por tal producto.

Y entonces el citado funcionario remató: “hasta que no se estabilicen los precios del pollo y del huevo y se controle el brote de influenza aviar en dos municipios de Jalisco, la Secretaría de Economía no tomará ninguna decisión contra las empresas que introducen pollo a México a precios por debajo de su valor real (dumping), generando con ello competencia desleal contra los productores locales… Pese al dumping y la influenza aviar, tanto el huevo como el pollo se han abaratado en las últimas semanas, particularmente después de que el 6 de julio anunció que se importarían 211 mil toneladas, equivalente al consumo nacional de un mes… Cuestionado sobre si los precios del pollo y huevo regresarán al mismo nivel que tenían antes de que surgiera la influenza aviar, Ferrari sólo respondió: No sabemos, depende, nosotros no controlamos precios. Todavía no llegan las importaciones, vamos a ver qué pasa cuando lleguen” (La Jornada, Susana González).

Pues bien, casi tres semanas después de tal declaración, el precio del huevo alcanzó 40 pesos por kilogramo en tiendas de autoservicio y 33 pesos en la Central de Abasto de Iztapalapa (la mayor del país y la que, mal que bien, marca la pauta de precios en toda la República), 35 pesos en la de Ecatepec y 32 pesos en la de Querétaro. Sólo en las de Hermosillo y Mérida dicho precio fue inferior a 20 pesos (19.5 y 19, respectivamente). Y no se trata del precio del caviar, sino de uno de los alimentos de mayor consumo en el país (más de 2.5 millones de toneladas anuales).

Así, entre la buena nueva de Ferrari, divulgada a principios de mes, y el cierre de ayer, el precio del huevo reporta un incremento de 132 por ciento en los supermercados y de casi 100 por ciento en las distintas centrales de abasto de la República. Cuando el calderonato se instaló en Los Pinos, tal precio era de 11.86 pesos el kilogramo en la Central de abasto de Iztapalapa, todo lo citado de acuerdo con la estadística del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, dependiente de la propia Secretaría de Economía.

No es la primera vez que le sucede al adivino Ferrari. Tampoco la última (le restan tres meses y pico en el puesto), pero un caso similar se registró a finales de 2010, cuando el precio del kilogramo de tortilla aumentó más de 50 por ciento de un plumazo. Por esos días, la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías anunció un incremento de cuatro pesos (promedio en todo el país), por lo que el precio pasó de ocho a 12 pesos, aunque de acuerdo con el anuncio de la citada Unión en algunas zonas podría llegar a 13 o 14 pesos.

Rauda, la Secretaría de Economía salió a decir que no se justifican los aumentos sustanciales, porque el precio del maíz se estabilizó, incluso bajó en noviembre, lo mismo que el de insumos que se utilizan para producirla, y se comprometió a monitorear tortillerías y otros establecimientos que venden el producto, como supermercados, por conducto de la Procuraduría Federal del Consumidor, para evitar abusos, y exhortó a los consumidores a comprarla donde la vendan más barata.

Y después de tan interesante propuesta a los compradores del disco llenador, el secretario Ferrari tomó el micrófono para advertir, según dijo, que no se tolerará ningún tipo de abuso u oportunismo en contra de los consumidores de tortilla, ni se permitirá que se incremente el precio de este alimento básico, puesto que no se justifica (dicho sea de paso dijo lo mismo que prácticamente todos los titulares de esa dependencia a lo largo de los últimos dos gobiernos, con el resultado por todos conocido y padecido, es decir, más de mil 500 por ciento de incremento en el precio de la tortilla de 1999 a la fecha, desde que a los tecnócratas se les ocurrió liberar el mercado respectivo). En síntesis, sí habrá aumento, pero no del 50 por ciento.

¿Qué sucedió? El precio del kilogramo de tortilla creció y creció, y a estas alturas (17 de agosto de 2012), el producto de vende a 12.28 pesos (promedio) en la República y a 9.81 pesos en los supermercados, es decir, el 50 por ciento de aumento que se evitaría se concretó sin mayores consecuencias, con todo y advertencia del santísimo secretario Ferrari. Lo anterior, sin dejar de precisar que en ciudades como Mexicali y Hermosillo el precio está por arriba de 16 pesos. Recientemente el citado personaje se aventó la siguiente puntada: el precio del kilogramo de tortilla registra un aumento bastante moderado, pese a todas las especulaciones que hay, o lo que es lo mismo, para él un aumento de 50 por ciento en el precio es algo moderado.

¿Qué fue de la anunciada supervisión de las tortillerías por parte de la Profeco para evitar alzas injustificadas y sancionar prácticas abusivas? Quién sabe, pero allá por diciembre de 2010 el balance no resultaba nada atractivo (y no se ha modificado). En ese entonces aquí se consignó que en la República existían formalmente registradas alrededor de 64 mil tortillerías. De acuerdo con la nómina oficial (Secretaría de Hacienda), 2 mil 721 personas trabajaban en la Profeco, incluido el procurador. Entonces, para supervisar el citado universo de tortillerías, cada uno de los que laboraba en esta dependencia tendría que dedicarse a plenitud a supervisar algo así como 24 tortillerías cotidianamente para cumplir con la promesa del secretario de Economía e impedir que el precio se dispare, algo posible sólo en el discurso.

En fin, todo lo anterior sucede en un país en el que la presunta autoridad pretende combatir la especulación o la escasez no con producción, sino con discursos.

Las rebanadas del pastel

El salvaje asesinato de 34 mineros en Sudáfrica patentiza que las prácticas del régimen del apartheid muy lejos están de desaparecer. Lo único que los trabajadores exigían era aumento salarial a la trasnacional Lonmin y a cambio recibieron un baño de plomo. Un acto verdaderamente de lesa humanidad. En México, en cambio, los barones de la minería pretenden matar de hambre a sus trabajadores.

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