La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) participa en diligencias relacionadas con los casos Monex y Soriana, como parte de las indagaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) realiza en relación con las denuncias presentadas por el Movimiento Progresista sobre presunto financiamiento ilícito a la campaña presidencial del priísta Enrique Peña Nieto.

Funcionarios de la Siedo revelaron que personal de la unidad especializada en operaciones con recursos de procedencia ilícita colaboran con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el análisis de la información entregada por las empresas mencionadas y la que ha sido enviada por la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), respecto de las empresas Inizzio y Efra, por medio de las cuales el PRI canalizó más de 70 millones de pesos que presuntamente fueron utilizados para la compra de votos el pasado primero de julio.

Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que no se puede considerar que hubo lavado de dinero por medio de Monex en los comicios presidenciales, hasta que se acredite que los recursos canalizados mediante empresas privadas tuvieron origen ilícito, es decir, que fueron obtenidos de la comisión de un delito; si no es así, la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita no encuadraría jurídicamente.

De acuerdo con la información obtenida, la Fepade ya recibió datos de Hacienda y de la CNBV relacionados con algunas operaciones de Monex, pero para acreditar el delito requerirá no sólo de pruebas indiciarias para consignar el caso ante un juez, sino también de testimonios de ciudadanos que acepten haber sufragado por determinado candidato o partido a cambio de dinero o dádivas.