El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan Ríos, advirtió ante servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que con la nueva Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas se han tipificado como delitos la extorsión, la colusión, el tráfico de influencias, la presentación de información falsa para lograr un beneficio, la simulación relativa y absoluta (suplantación de personalidad) y otros vinculados con actos de corrupción en procesos de licitación y contratación en entidades gubernamentales.

La ley fue recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y lo mismo se aplicará a personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjera, que participen en las contrataciones públicas federales, ya sea como interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados, contratistas, permisionarios, concesionarios o análogos.

Ante el director general de la CFE, Jaime González Aguadé, y los titulares de más de 200 órganos internos de control (OIC) del gobierno federal, encargados de fiscalizar los actos de gobierno, Morgan refirió que esta ley ayudará en el combate a la corrupción en el Ejecutivo federal, donde antes únicamente se sancionaba a quienes incurrieran en actos ilegales con inhabilitación administrativa.

Durante la realización del foro Cultura de la legalidad y Ley Federal Anticorrupción en Materia de Contrataciones Públicas, dirigido a servidores públicos de la CFE y a los titulares de los OIC, Morgan refirió que el nuevo ordenamiento jurídico permite un combate eficiente y contundente a los actos ilegales en materia de contrataciones públicas.

El director general de la CFE aseguró que el nuevo entramado jurídico no le es ajeno a la paraestatal, pues contamos con reglas estrictas y somos y hemos sido ejemplo en muchos temas de cultura de la legalidad.

Pese a las declaraciones de González, la CFE ha sufrido quebrantos de gran envergadura. El más reciente fue en noviembre pasado, por más de mil 300 millones de pesos que se erogaron en el pago de indemnizaciones ilegales. En los actos fraudulentos estaban implicados 22 funcionarios que laboraban bajo la responsabilidad del ex director de operación de la CFE, Néstor Moreno Díaz, actualmente preso luego de ser acusado de enriquecimiento ilícito por más de 33 millones de pesos, y de cohecho.

Respecto de la nueva ley, ésta precisa que las autoridades competentes para interpretarla y aplicarla son: la SFP, los titulares de los OIC, los órganos que determinen las cámaras de Senadores y Diputados, la Suprema Corte , el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal Electoral, la Auditoría Superior de la Federación, el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras.

En el artículo 8 de la referida ley se detallan las causales por las cuales los servidores públicos podrían ser acusados de incurrir en actos de corrupción.