nte la persistencia en los altos costos del huevo –cuyo precio en el país se ha incrementado hasta en ciento por ciento en algunos lugares–, y a la perspectiva de que ese fenómeno se traduzca en una nueva espiral inflacionaria –como reconoció el Banco de México–, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Bruno Ferrari, advirtió ayer que el gobierno federal está dispuesto a liberalizar las importaciones de ese producto, pues no podemos permitir que por unos cuantos haya 115 millones de mexicanos que estén pagando huevo a esos precios.

Frente a las afectaciones que estos incrementos generan en los bolsillos de las familias y en la macroeconomía, el gobierno federal tiene la responsabilidad de adoptar las medidas pertinentes para disminuir el costo de dicho alimento y garantizar, de esa manera, su abasto. No obstante, un aumento en las importaciones de huevo, como el planteado por Bruno Ferrari, distaría mucho de representar una solución efectiva: antes bien terminaría por favorecer a los exportadores extranjeros y a las empresas importadoras, así como a los grandes distribuidores e intermediarios privados, no al conjunto de la población.

En los años recientes, sobre todo a raíz de la entrada en vigor del capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han quedado demostradas las advertencias formuladas en su momento por los críticos de ese acuerdo de intercambio económico trilateral: las importaciones baratas y desmedidas de productos alimentarios, si bien tienden a frenar los precios a corto plazo, resultan desastrosas a la larga, pues se traducen en pérdida de soberanía alimentaria y desequilibrios en las balanzas comerciales; conllevan la destrucción y el abandono de los entornos rurales del país; extienden la pobreza entre los pequeños campesinos y productores, y colocan las necesidades de consumo de la población a merced de las fluctuaciones de los precios internacionales.

Para colmo, en este caso la apertura indiscriminada de las fronteras al huevo foráneo no atacaría las causas originarias de la actual escalada en los precios de ese producto: en efecto, como han reconocido por separado la Unión Nacional de Avicultores y la propia SE, el presente encarecimiento no se debe a un déficit en la oferta, sino a presiones especulativas originadas en las cadenas de distribución. En tal circunstancia, el incremento en las importaciones del huevo propicia que, lejos de reducir los precios, éstos sean controlados más temprano que tarde no sólo por los especuladores nacionales, sino también por los extranjeros.

En lugar de presentar como soluciones las mismas medidas que han llevado al país a la pronunciada pérdida de autosuficiencia alimentaria que hoy padece, lo procedente y necesario sería ensayar un viraje en las políticas vigentes en ese ámbito, y en general en las directrices económicas actuales –diseñadas por gobiernos extranjeros y organismos financieros internacionales–, a fin de que el Estado pueda reinsertarse en los eslabones fundamentales de la cadena de producción alimentaria –empezando por el apoyo a los pequeños productores agrícolas–, restañar su capacidad de fijar precios de garantía y robustecer las cadenas de abasto popular. Dejar a su suerte las necesidades alimentarias de la población en aras de un fundamentalismo de libre mercado, acaba siendo mucho más costoso, sobre todo en países pobres como el nuestro, no solamente en términos económicos, sino también en cuanto a gobernabilidad, estabilidad política y paz social.