Buenos Aires, 23 de agosto. Graves incidentes se registraron en la capital de la provincia central de Córdoba, con saldo de 15 manifestantes y once policías heridos cuando la policía cordobesa reprimió con balas de goma una manifestación de trabajadores estatales, que protestaban por recortes en las jubilaciones, decididas por el gobernador José Manuel de la Sota.

Según los informes policiales y de los gremios que manifestaban hay unas cinco personas detenidas.

Ante los incidentes y el accionar represivo, el Sindicato de Petroleros de Córdoba anunció una jornada de paro total de actividades por 24 horas en las estaciones de servicio en toda la provincia el próximo martes 28, "en defensa de las fuentes de trabajo", y en rechazo a la tasa que promueve el gobernador con una spbrecuota al consumo de combustibles para conformar un fondo que se usará para financiar obras viales.

Los hechos se produjeron frente al edificio de tribunales y hubo enfrentamientos con piedras por un lado y por el otro balas de goma y gases lacrimógenos en momentos en que el gobernador se preparaba para recibir al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, para participar juntos en una actividad.

Esta es la tercera movilización desde que el gobernador peronista, pero enfrentado al gobierno nacional del Frente para la Victoria, anunció recortes jubilatorios y pagos de aumentos recién en febrero próximo, además de planear ajustes en su provincia.

El gremio de los trabajadores del Estado provincial presentó un recurso de "inconstitucionalidad" contra esa decisión y algunos dirigentes declararon que la violencia intenta desacreditar al movimiento gremial. Advirtieron que la policía arremetió contra el conjunto, después que una persona alejada del grupo hizo detonar una bomba de estruendo. Era evidente que eso no salió de nuestras filas, pero también fue evidente que la policía no fue a actuar contra los responsables de ese hecho, sino contra nosotros.

El dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza, Santiago Clavijo, denunció "que el desmadre le conviene al gobierno provincial para victimizarse".

Por su parte, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), que además de manifestar realizó hoy un paro, criticó el accionar de la policía y analizó que "la orden de reprimir la dio un jefe del operativo, y que la idea es generar miedo(…) Nosotros hemos apelado al diálogo y hemos acercado propuestas para que el ajuste no pase por los jubilados, pero no nos han escuchado".

Otros dirigentes advirtieron que "De la Sota utiliza a los jubilados para posicionarse como oposición".

El conflicto comenzó con una sesión parlamentaria cuando el gobernador se presentó en la legislatura el pasado 8 de agosto llevando un proyecto de ley de ajuste previsional, que fue aprobado rápidamente y sin debates, bajo el argumento de que era necesario porque la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) no transfiere los fondos de convenios para cubrir el déficit de la provincia en esa materia.

La ley deja sin efecto el pago simultáneo de los aumentos jubilatorios y ordena realizarlos en un plazo de 180 días, incluso faculta al Poder Ejecutivo a modificar los porcentuales de los aportes de la patronal y del trabajador.

Otros dirigentes denunciaron que el gobierno intentó instalar la idea de que el problema de la Caja de Jubilaciones" es porque la Nación no envía dinero cuando el problema real de la Caja es otro y a ello se suma una ley aprobada entre gallos y medianoche" y añadieron que "el primer acto de violencia fue el dictado de la ley de recorte”.

Todo los gremios responsabilizaron al gobernador por los incidentes y la represión policial.

Por su parte, el jefe de Gabinete nacional Juan Manuel Abal Medina recordó que de los 578 mil 847 jubilados y pensionados cordobeses sólo 92 mil 317 -el 16 por ciento- reciben el beneficio por parte del estado provincial frente a los 486 mil 530 que lo hacen de la Anses.

Sigue el juicio a De la Rúa

Por otra parte en la tercera audiencia ante el Tribunal Oral Federal que investiga los sobornos entregados a varios senadores para votar una ley de flexibilidad laboral en abril de 2001 cuando era presidente Fernando de la Rúa, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto continuó declarando como testigo y denunciante de este hecho y admitió que cobró tres mil pesos (tres mil dólares) por mes de la Secretaría de Inteligencia del Estado, durente todo ese tiempo.

Además dijo que le habían prometido un cargo en el exterior, pero que no habían cumplido, entre otras cosas,

Al referirse al dinero que le habrían entregado para pagar las coimas dijo que los billetes ocupaban todo el colchón de su casa y declaró además, que los senadores habían pensado negociar con el vicepresidente Carlos Chacho Alvarez -quien precisamente renunció a su cargo denunciando corrupción- pero se dieron cuenta de que tenían que buscar otro interlocutor y que eso derivó en la reunión en el despacho de Fernando de la Rúa, comprometiendo seriamente al ex mandatario.