a enérgica y activa defensa del patrimonio cultural de la nación asumida por el sindicato de académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha traído graves secuelas que deben ser conocidas. Frente a las denuncias sindicales con fundamento legal y comprobación empírica, la burocracia federal optó por el silencio, la tergiversación de hechos, la falta de transparencia, y ahora, la represión. ¿Qué se pudre en la Dinamarca de Alfonso de María y Campos? ¿Qué trasfondo económico soterrado hay en este juego depredador de la cultura tangible e intangible de los mexicanos?

El sindicato de profesores e investigadores no sólo no recibió atención a sus legítimas demandas –incluida la destitución del director general por su pésima gestión al frente del INAH y su probada vocación para enajenar el patrimonio cultural a corporaciones empresariales, así como la cesantía de Nelly Robles, coordinadora nacional de Arqueología por su connivencia con el primero–, sino que las autoridades recurrieron a la violencia y al autoritarismo, denunciando ante la Procuraduría General de la República (PGR) al secretario general del sindicato, historiador Felipe Echenique (“y a quien resulte responsable…”), por los supuestos delitos de afectación del erario y apología de la violencia. De María y Campos pretende exculparse de su responsabilidad en los hechos evidenciados, imputando penalmente a la figura más visible de sus acusadores.

La corrupción y la impunidad sexenal y estructural han contaminado al INAH y han llevado a sus funcionarios a criminalizar la protesta. Nos preguntamos: ¿Qué mayor afectación al erario que los inexplicables alquileres de todos los vehículos y computadoras usadas en el INAH, así como de innumerables edificios de oficinas de una onerosa burocracia que crece (en 1979 los mandos medios eran 123, que en 2012 se incrementa a 580), a costa de un exiguo 10 por ciento del presupuesto destinado a investigación? ¿Qué acerca de las concesiones, rentas o permisos de edificaciones históricas y arqueológicas a dudosas organizaciones sociales y empresas que obtienen pingües beneficios, aunque esas actividades pongan en riesgo la integridad de los inmuebles y sitios resguardados? (El más reciente de estos permisos es para Luz, paz y armonía al mundo en las ruinas de El Rey, que organiza la Asociación de Relacionistas Públicos de Quintana Roo). ¿Qué sobre el acaparamiento de proyectos de investigación y de sus presupuestos, aun a través de prestanombres, en diversos ámbitos y territorios del ejercicio de la arqueología, como ha sido denunciado valientemente por el colega arqueólogo Jorge Bautista Hernández en relación a la mencionada Nelly Robles? ¿Qué con la afectación del erario por De María y Campos, quien suprimió las áreas de comercialización y distribución de la producción del INAH? ¿Qué institución sabotea su propia producción? ¿Qué mayor apología de la violencia que el divorcio entre la función social de la institución y una autoridad omisa de sus obligaciones que por ley le corresponde acatar? ¿Qué con la violencia laboral ejercida contra el personal académico contratado en condiciones precarias y eludiendo prestaciones elementales de ley?

Miles de ciudadanos han firmado documentos de apoyo a la lucha de los investigadores. El prestigiado intelectual Alfredo López Austin escribió al conocer la denuncia presentada por el INAH en la PGR: “(...) Nuevamente, ante la legítima defensa ciudadana de los bienes nacionales, la respuesta de las autoridades repite lo que durante décadas ha imperado en nuestro país, aplastando toda expresión democrática: sordera ante las peticiones; deslegitimación de las críticas y desprestigio de los críticos; violencia física y moral sobre quienes esgrimen razones; uso parcial y tortuoso de la legislación y la impartición de la justicia; protección a ultranza a los funcionarios públicos responsables; presión sobre los medios de comunicación; intentos de división de los organizados… Cada día se fortalecen nuevos planteamientos: Si no es el reclamo del legítimo interés nacional, ¿cuál es la vía ciudadana? Si no es la protesta contra la destrucción de nuestros nichos natural, social, cultural y económico, ¿cuál es la vía ciudadana? Si estas vías no son válidas en México, ¿hay otras posibles?”

El pintor juchiteco Francisco Toledo respaldó el movimiento de académicos del INAH: En mi derecho ciudadano doy mi apoyo a los profesores en investigación científica del INAH para que se evite la destrucción de las zonas arqueológicas y los monumentos históricos que por obras de infraestructura de fin de sexenio promueven fuera del marco legal los funcionarios de esta institución en las zonas arqueológicas de Tzintzuntzan, Michoacán, de Atzompa, Oaxaca, y de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, Puebla, entre otros.

La investigadora emérita del Instituto Beatriz Barba Ahuatzin hizo patente su simpatía por la labor y las preocupaciones de protección al patrimonio nacional del secretario general de nuestra delegación, Felipe Echenique. Ojalá que este documento sirva como apoyo a esas actividades.

Desde Brasil, el profesor Roberto Lima manifestó su solidaridad y #YoSoyelINAH surge de este movimiento que responderá a la represión con la fuerza de sus argumentos y el apoyo de pueblos y ciudadanos.