Se requiere un nuevo enfoque para combatir la tala y el comercio ilegal de madera en México ante la ineficacia de la estrategia policiaca contra estos delitos que mueven un mercado ilícito estimado en 4 mil millones de pesos anuales, lo que implicaría más de 3 millones de metros cúbicos, informó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

En un análisis, citó entre las causas de esos problemas la inseguridad en la tenencia de la tierra, sobrerregulación, corrupción, fallas en la aplicación de la justicia y la acción de bandas criminales.

Asimismo, menciona la ausencia de controles suficientes y adecuados del mercado, señalando que gran parte de las inspecciones de vigilancia y observación se llevan a cabo en el terreno donde se talan los árboles, mientras la gran industria, patios y lugares de trasbordo son muy poco supervisados.

Entre sus sugerencias para mejorar la estrategia de combate a la tala y el comercio ilegal de madera, el CCMSS propone disminuir la cantidad de trámites y simplificar las regulaciones, la conservación de los bosques mediante su uso y fortalecer la gobernanza comunitaria.

De igual forma, cambiar las estrategias de control y vigilancia, impulsar la adopción por parte de grandes empresas de códigos de conducta y compras verdes, crear bases de datos viables y transparentes sobre la tala y el mercado de madera ilegal para permitir el desarrollo de estrategias más eficaces en el combate de estos ilícitos, así como hacer evaluaciones precisas de los avances o retrocesos.

Desde 2007 el CCMSS presentó información que sustenta la ineficacia de la estrategia policiaca de combate a dichos delitos, principalmente por su incapacidad de realizar controles y auditorías contundentes a las madererías e industrias del ramo, entre las cuales existen algunas que son las que realmente financian, consumen e impulsan el mercado nacional de madera ilegal, indica el análisis.

Apunta que se requiere que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) establezcan un nuevo enfoque coordinado para combatir la tala y el comercio ilegal de madera en México, subrayando la importancia de la inspección de los centros de almacenamiento y de transformación.

Al respecto, cita que en el país existen 9 mil centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, con capacidad de 27 millones de metros cúbicos-rollo –300 por ciento más que el volumen anual autorizado–, “lo que representa una gran oportunidad para el blanqueo de madera”.

En 2010, añade, la Profepa realizó un total de 10 mil 164 inspecciones, operativos y acciones de vigilancia, de los cuales menos de 10 por ciento se llevaron a cabo en centros de almacenamiento con indicios de posesión de madera ilegal.

También hubo 2 mil 375 inspecciones en zonas críticas forestales que se repiten anualmente, por tanto, el riesgo de corrupción entre las autoridades locales en estas regiones crece y además puede causar el desplazamiento de la tala ilegal a zonas menos controladas (efecto de fuga).

Si la Semarnat no impulsa un sistema obligatorio para que las empresas que venden o consumen madera transparenten el origen de sus productos, el mercado ilegal continuará y la Profepa nunca contará con recursos suficientes para combatirlo, advierte el consejo.

Apunta que los trámites para adquirir un permiso de aprovechamiento forestal son complejos y costosos para los propietarios, pues pasan hasta dos años para que una comunidad o ejido lo obtenga, aunque esto no debería tomar más de un par de meses, según la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente.

Menciona que la corrupción y la tala ilegal están estrechamente relacionadas y que la falta de aplicación de justicia a quienes talan ilícitamente crea incentivos para que más personas entren en el negocio.

La extracción de madera por bandas criminales en algunas regiones de México es una práctica común que está reforzada por la corrupción de las autoridades federales y/o estales, por ello la actividad clandestina de grupos de talamontes es un creciente problema en México, debido a la inseguridad existente, subraya.

La impunidad se refuerza por temor a las bandas criminales por parte de las instancias de vigilancia (dado el nivel de corrupción y de violencia en el país es difícil actuar por la fuerza contra las bandas de talamontes y las mafias que comercializan la madera ilegal), enfocándose en perseguir a personas que sacan leña por necesidad o pequeñas cantidades de madera ilegal, y no en las empresas que acopian y distribuyen la madera ilegal, agrega el consejo.

El CCMSS anota además que para 2012 sólo se destinaron cerca de 700 millones de pesos –es decir, 10.8 por ciento de un presupuesto fiscal forestal de 6 mil 453 millones– a programas que promueven la silvicultura comunitaria y el manejo forestal sustentable.