En el periodo final del sexenio de Felipe Calderón las relaciones entre el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República (PGR) se tensaron más por las presiones ejercidas por la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) sobre los jueces especializados en cateo, arraigos e intervención de comunicaciones que se negaron a conceder al Ministerio Público órdenes relacionadas con esos asuntos en los que estaba involucrada la delincuencia organizada; en respuesta, la PGR inició la investigación de seis juzgadores federales por presuntos ilícitos relacionados con su cargo.

Fuentes judiciales confirmaron lo anterior y agregaron que esta situación se hizo pública el pasado domingo 26 de agosto, cuando el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Juan N. Silva Meza, aseveró en un encuentro con jueces que el Poder Judicial no vacilará en defender a cualquier impartidor de justicia que sea indebidamente presionado, a partir de conjetura sin sustento probatorio de imputaciones basadas a veces en la propia ilegalidad

La postura de Silva Meza, agregaron los informantes, generó una reacción inmediata del Ejecutivo federal, porque al día siguiente de los hechos (lunes 27 de agosto), Silva Meza se reunió con el presidente Felipe Calderón en la residencia oficial de Los Pinos y esa misma noche, con la procuradora general de la República, Marisela Morales.

Según las fuentes consultadas, desde que Silva Meza defendió la autonomía e independencia de los jueces federales en su discurso del 21 de marzo, después de las reiteradas declaraciones del propio Calderón y de otros funcionarios de primer nivel que cuestionaron la labor de los jueces federales, la relación con el Ejecutivo federal se tensó.

A partir de esa fecha, la ausencia fue la constante del ministro presidente en actos encabezados por el Presidente.

El problema se recrudeció hace unas semanas, cuando jueces especializados en cateos, arraigos e intercepción de comunicaciones acudieron ante el CJF para denunciar presiones y acoso ejercido por la Siedo para que concedieran las órdenes solicitadas, a pesar de que estaban mal integradas y mal hechas. El consejo cerró filas con sus jueces.

Días después, el CJF determinó que la PGR había tratado de violar la autonomía de criterio de los jueces especializados para que libraran –sin elementos que evidenciaran la probable comisión de delito– órdenes de cateo en domicilios del juez Efraín Cázares López, investigado por la supuesta obstrucción de la justicia al conceder amparos a implicados en el llamado michoacanazo.

Así, la PGR promovió quejas ante el CJF para que sancionara a los jueces Martín Adolfo Santos Pérez y Osvaldo López García, así como a sus secretarios de acuerdo, Moisés Ramírez Serrano y Edgardo Israel Vargas Pérez por no conceder las órdenes de cateo de las propiedades de Cázares. Pero el CJF desechó por improcedente la queja de la PGR.

En su encuentro del 27 de agosto, Silva Meza y la procuradora Morales destacaron su interés por superar este problema, aunque falta ver qué es lo que dice José Cuitláhuac Salinas, titular de la Siedo, porque formalmente, la subprocuraduría a su cargo no se ha desistido de las investigaciones en contra de los seis jueces, indicaron los funcionarios consultados.