l titular de la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, presentó ayer un alarmante informe sobre la crisis del sistema carcelario del país: según el documento, elaborado a partir de visitas a más de cien prisiones y de entrevistas con un número no determinado de internos, en 60 por ciento de los reclusorios el control está parcial o totalmente en manos de los reos (autogobierno), y en menos de dos años medio millar de presos han escapado y han tenido lugar 75 riñas de diversa magnitud y gravedad. El informe concluye que los centros de reclusión no cumplen con el principio de readaptación social, que proliferan la corrupción, la drogadicción y la inseguridad, y que los recluidos se encuentran en graves condiciones de vulnerabilidad, explotación e indefensión.

El panorama descrito en el documento de la CNDH refiere un fracaso grave en cuando menos tres aspectos: el de la justicia, el institucional y el policial y de seguridad. En el primero es claro que la rehabilitación de los delincuentes, que ha sido el principio rector del sistema penal mexicano, es letra muerta y que ni siquiera la lógica punitiva resulta practicable, habida cuenta de que la mayor parte de las cárceles no se encuentran bajo el imperio de la ley, sino bajo la ley del más fuerte.

Por otra parte, la pérdida de control de los penales por las autoridades –es decir, allí donde la autoridad tendría que tener el mando total– confirma la extensión y la profundidad de la descomposición institucional generada en el contexto de la guerra contra la criminalidad organizada que emprendió la actual administración desde sus inicios.

En tercer lugar, los logros pregonados por los distintos niveles de gobierno en lo referente a detenciones de presuntos delincuentes resultan insostenibles si se cotejan con la pequeña proporción de esas capturas que culminan con la presentación de los detenidos ante los jueces correspondientes, con el aún más pequeño número de presentados que reciben sentencia condenatoria y, para rematar, con el hecho de que muchos de los presos convictos o en proceso se fugan de las prisiones.

El gobierno federal ha buscado descargar la responsabilidad por las fugas, los motines y las riñas afirmando que tales fenómenos ocurren mayoritaria o totalmente en reclusorios a cargo de gobiernos estatales. Tal argumento pone en evidencia la improvisación y la falta de coordinación con que se ha venido actuando a lo largo del sexenio, pues es claro que la ofensiva policiaco-militar lanzada por la administración calderonista habría requerido, como condición previa, de un pleno control de las cárceles y de una comunicación y cooperación fluida entre las tres instancias de gobierno.

En suma, el estudio presentado ayer por la CNDH arroja luz sobre el fracaso de la estrategia oficial aún en curso en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia, y evidencia la necesidad de concebir y aplicar nuevos lineamientos y lógicas distintas en esas tareas irrenunciables del Estado. Desde luego, la política penitenciaria es uno de los aspectos que deben ser reformulados de raíz.