La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la contraloría general del gobierno capitalino investigan a funcionarios delegacionales y de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) para deteminar si incurrieron en alguna responsabilidad en la tramitación y expedición de registro de alta y baja de seis camionetas recientemente aseguradas en Nicaragua, rotuladas con el nombre de Televisa, en las que se transportaban 9.2 millones de dólares.

La PGJDF confirmó que la Setravi le entregó la información respecto de los distintos trámites realizados con esos vehículos, cuya indagatoria –ordenada por el procurador Jesús Rodríguez Almeida– fue turnada a la Fiscalía de Servidores Públicos.

Fuentes del Gobierno del Distrito Federal detallaron que el módulo de Satravi en Tlalpan fue cerrado hace varios meses, al detectarse actos de corrupción y robo de documentación oficial, por lo cual se abrieron varias averiguaciones previas en la procuraduría capitalina.

Ayer, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, dijo que colaborará con la Procuraduría General de la República (PGR) y con la Interpol para investigar si existe alguna vinculación de servidores públicos de esta ciudad con el grupo delictivo Los Zetas, como se habría especulado en algunos medios.

El mandatario capitalino informó que ayer mismo se presentó una denuncia en la contraloría general para que investigue estos hechos y proceda contra los involucrados.

En un acto que encabezó en el Centro Histórico, Ebrard señaló: Vamos a ver con base en qué se dice eso y desde luego contribuiremos en cualquier investigación que sea necesaria, por lo que –dijo– el titular de la PGJDF, Jesús Rodríguez Almeida, se mantendrá en contacto con la PGR.

De acuerdo con versiones publicadas en algunos medios, adjudicadas a la PGR, los registros ilegales de las camionetas fueron facilitados por empleados de la delegaciones Tlalpan, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza e Iztacalco.

La Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) informó que desde el pasado 22 de agosto, cuando se detuvo a las camionetas en Nicaragua, ha proporcionado la información solicitada tanto a la PGR como a la PGJDF y a Interpol para llegar al fondo de esta situación, además de solicitar a la contraloría general que investigue a los servidores públicos que resulten responsables.

La administración de los módulos –se comentó– corresponde únicamente a las delegaciones políticas, por lo que a ellas les toca tomar las acciones pertinentes, y toda la información sobre ese tema se tratará a través del ámbito ministerial.

Deslinde de responsabilidades

La mayoría de los trabajadores supuestamente mencionados en este caso por la Procuraduría General de la República se encuentran trabajando, por lo que se pidió a los delegados que les soliciten su declaración para deslindar responsabilidades, pues son los directores generales de gobierno y jurídico los responsables de la operación de los módulos de control vehicular.

Información de las autoridades de Iztacalco refiere que hay una servidora pública que cumplió con el procedimiento requerido para el registro de vehículos, presuntamente a nombre de la empresa Televisa, por lo cual continúa desempeñando su trabajo en la referida jefatura de unidad.

Asimismo, en el módulo de la delegación Venustiano Carranza autoridades de esa demarcación informaron que existe una investigación en curso a cargo de la procuraduría capitalina, ya que la responsable del módulo fue mencionada como la que registró esas camionetas.

(Mirna Servín, Laura Gómez, Josefina Quintero y Alejandro Cruz)