El próximo gobierno debe tener cuidado con la propuesta presidencial de reforma laboral, porque exacerbará aún más la inestabilidad social, advirtió José Luis de la Cruz Gallegos, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (Cien) del Tecnológico de Monterrey. Los cambios planteados van en sentido contrario del desarrollo social, afirmó.

Al presentar el estudio de esta institución académica Los retos de México ante el cambio de gobierno, puntualizó que la administración de Felipe Calderón heredará a la siguiente 15 millones más de pobres de los que había en 2006, inseguridad pública –con más de 95 mil muertos por la guerra contra el narcotráfico–, derroche de recursos, 850 mil millones de pesos de excedentes presupuestarios cuyo destino se desconoce y un mercado laboral sumamente precario.

El mexicano no es todavía un Estado fallido, pero sí capturado por los poderes fácticos.

Enumeró algunos efectos de la ley laboral que pretende aprobarse esta semana en la Cámara de Diputados. Uno de ellos es que, en el mejor de los casos, generará entre 150 mil y 200 mil nuevos puestos de trabajo formales, pero la ampliación de la oferta abaratará 10 por ciento los salarios, por lo cual más personas ingresarán a la franja de pobreza por ingresos, aunque tengan una plaza.

La reforma laboral no plantea qué va a pasar con el salario mínimo. Ahora está establecido por ocho horas diarias de trabajo. ¿Cuál va a ser el salario mínimo por hora? ¿Cuál será el salario mínimo por proyecto? La reforma debe estar dotada de los instrumentos que permitan saber cuál será ese piso del que no se permitirá que baje para garantizar los mínimos de bienestar.

Cuestionó: si la actual ley laboral no se aplicó, qué garantiza que la nueva sí se cumplirá. Se respondió: la reforma se carga sobre los trabajadores y exacerbará los problemas que ya tenemos.

La herencia

La evaluación del Cien del Tec no da concesiones. El incremento en la pobreza, la falta de generación de empleo suficiente y bien remunerado, el bajo crecimiento económico y el exponencial aumento de la inseguridad, apunta, son elementos que permiten plantear severas dudas sobre la eficacia de la política económica y de las políticas públicas instrumentadas durante los últimos años.

La insuficiencia de empleos no fue por falta de recursos, sostiene. El sector público federal contó con 850 mil millones de pesos excedentes a lo presupuestado, así que el problema no es la insuficiencia de recursos públicos, sino la mala administración y distribución de ellos, apunta.

De la Cruz Gallegos se refirió a los elevados salarios de una elite de la burocracia. Según datos de la Secretaría de Hacienda, en el país existen más de 25 mil servidores públicos que perciben más de un millón de pesos al año, lo cual representa casi 40 mil millones de pesos anuales destinados a erogaciones.

Eso significa que mientras 13.25 por ciento de la población económicamente activa recibe menos de un salario mínimo, 0.05 por ciento de la misma en funcionarios públicos gana al menos un millón de pesos.

Añadió que si se llevara a cabo una disminución de sólo 10 por ciento del presupuesto destinado a las remuneraciones de los funcionarios que ganan cuando menos un millón de pesos, alcanzaría para pagar alrededor de 178 mil salarios mínimos, unos 3 mil 948 millones de pesos aproximadamente.

Las dependencias de gobiernos que concentran la mayor proporción de funcionarios públicos con percepciones superiores a 3 millones de pesos al año son las secretarías de Seguridad Pública, donde hay 59 de esos burócratas, y la de Hacienda, donde laboran 52.