Dar a las empresas la certeza de que aun cuando pierdan juicios laborales sólo tendrán que pagar un máximo de 12 meses de salarios caídos, independientemente de lo que dure el proceso, es la principal virtud de la iniciativa de reforma laboral presentada por Felipe Calderón, consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El organismo empresarial no puso en tela de juicio que las compañías despidan injustificadamente a sus trabajadores, pero sí que éstos las demanden porque, dijo, basta que un empleado gane el pago de dos años de salarios caídos para que pueda llevar a la quiebra a una firma pequeña.

En conferencia de prensa, el director general del Imco, Juan Pardinas, indicó que actualmente hay 250 mil juicios desahogándose en las juntas de Conciliación y Arbitraje, cuyo promedio de duración es de 50 meses, por lo que la facilidad de que las empresas sólo paguen 12 meses de salarios caídos si pierden un juicio representará un incentivo para la inversión.

Puede ser que estemos afectando los derechos que actualmente tienen los trabajadores, pero este hecho en sí, esta capacidad de demandar a tu empleador, estar 50 meses en proceso de juicio y al final demandar salarios caídos, perjudica a quienes no tienen acceso al mercado laboral, apuntó.

Aseveró que las empresas no hacen más contrataciones porque el costo de hacer un despido en México es alto.

No obstante, el director general del Imco (cuyo consejo directivo preside el empresario Valentín Diez Morodo, quien también lidera los consejos Empresarial Hispano Mexicano y Empresarial Mexicano de Comercio Exterior y Tecnología y es vicepresidente de Grupo Modelo) insistió en que la iniciativa no conculca a los trabajadores el legítimo derecho de demandar a las empresas que los despiden sin razón justificada, sino sólo limita el pago de salarios caídos.

Explicó que las demandas laborales contra empresas no son más que un negocio de coyotes que asesoran a los trabajadores, ganan los juicios y se quedan con entre 30 y 40 por ciento de las indemnizaciones, por lo que la reforma va a transformar la cultura laboral del país.

Pardinas admitió que la flexibilización en las modalidades de contratación y despido podrían disminuir los salarios de los trabajadores mediante un incremento en la oferta de empleo, pero sólo ocurriría si se mantiene un bajo crecimiento económico y hay poca inversión.

Por el contrario, si se aprueba la iniciativa habrá mayor inversión y más empresas, lo que aumentará la demanda de trabajo y, en consecuencia, los salarios, agregó.

Manuel Molano, director adjunto del Imco, señaló que con la flexibilización en las contrataciones la población económicamente activa (PEA) podría pasar de 50.7 a 60 millones de personas, lo que incrementaría el producto interno bruto (PIB) entre uno y 1.5 por ciento.

“Si pudiéramos hacer que la gente que tiene el tiempo comprometido –estoy pensando en madres, en estudiantes, padres de familia solteros–, puedan trabajar por horas, se alentaría la participación laboral y podría crecer la PEA de 50.7 millones a 55 o quizá 60, y eso tiene una implicación en el PIB, que podría crecer” en el porcentaje citado, dijo.