El subsidio que anualmente otorga el gobierno federal a las gasolinas automotrices, alrededor de 150 mil millones de pesos anualmente, equivale a 50 por ciento de las inversiones realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2011 y contraviene los esfuerzos mundiales por reducir el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.

Es un subsidio ineficiente que se debe eliminar lo mismo que el asignado al gas LP (licuado de petróleo) en el menor plazo y con cuidado de no afectar el índice de inflación, afirmó el subdirector de Planeación Estratégica y Operativa de Pemex, Carlos de Régules Ruiz-Funes, durante su participación en el Foro Internacional Jorge Carpizo de Energía y Renovación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable, la Eficiencia y la Transición Energética.

Dijo que existe una contradicción en el planeta, pues mientras la mayor parte de los países están de acuerdo cen reducir el consumo energético para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y con ello evitar el calentamiento global, anualmente se gastan alrededor de 312 mil millones de dólares en subsidios al consumo energético.

En el caso de México, precisó, el gasto con recursos públicos para compensar el precio en que se adquieren las gasolinas en el extranjero y el precio establecido en el mercado nacional se elevó el año pasado a unos 150 mil millones de pesos, que equivale no sólo a la mitad del gasto de inversión de Pemex, sino al uno por ciento del producto interno bruto (PIB), calculado para este año en 15 billones de pesos.

Esa política sólo beneficia a los propietarios de automóviles privados, distorsiona la generación de energías alternas y frustra la materialización de desarrollar otro tipo de energías que pueden ser de consumo masivo, dijo.

Propuso el establecimiento de medidas a nivel de políticas públicas para mejorar la situación, como poner un costo, o penalización, a las emisiones de gases de efecto invernadero; fortalecer un marco de gobernanza integral de eficiencia energética, es decir, reforzar las acciones públicas para reducir el consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero; habilitar la operación de empresas de servicios energéticos, que son aquellas que analizan y sugieren formas de ahorrar energía y cuyo beneficio se paga con parte de esos ahorros.

Finalmente propuso contar con una regulación que reduzca los riesgos económicos de utilizar determinado tipo de energía, como el gas shale, pues imponer una tasa fiscal similar a la del gas LP, que mataría el incentivo de la rentabilidad, puede ser fundamental para extender su uso.