El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) se equivocó al amenazar a todos los programas de los estados e institutos de salud que atienden a personas con esta enfermedad de que dejaría de enviarles medicamentos por incumplir los lineamientos para el uso de recursos públicos en esta área. Así lo reconoció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales, quien aclaró que está asegurado el abasto de medicamentos antirretrovirales para los pacientes que ya tomen alguna de las terapias para controlar al virus. Ni el Censida ni la Secretaría de Salud (Ssa) dejarán de cumplir con esta responsabilidad de la Federación.

Sin embargo, dijo, la dependencia requiere tomar medidas para obligar al cumplimiento de la Guía de manejo clínico del VIH/sida y sus lineamientos, porque la mitad de los 243 médicos que prestan servicios en los Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en Sida e infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) en el país prescriben mal los fármacos.

Kuri aclaró que el pasado 11 de septiembre el director de Censida, José Antonio Izazola, envió oficios a todos los secretarios de Salud del país y a los directores de los Institutos Nacionales de Salud y no sólo a cinco (La Jornada 27/09/2012), pero sólo debió dirigirlos a aquellos donde se han detectado los incumplimientos a la normatividad o, en todo caso, incluir una nota para que aquellos que cumplen con las reglas hicieran caso omiso de la comunicación, reconoció.

Para corregir el error, Izazola enviará un oficio aclaratorio con una explicación sobre las medidas que tomará Censida para asegurar el cumplimiento de la norma en aquellos casos que no se ha logrado.

En entrevista, Kuri Morales comentó que el tema del VIH/sida es uno de los cuatro que de manera recurrente lleva a los Consejos Nacionales de Salud –donde se reúnen los secretarios de los estados– y a las reuniones con directivos de los servicios estatales. En reiteradas ocasiones, dijo, se les ha señalado la obligación que tienen de difundir la guía entre los médicos tratantes y de alimentar el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV (Salvar) con la información completa de pacientes y los medicamentos que se les prescriben.

A partir de la entrada en vigor de la nueva edición de la guía y sus lineamientos, el primero de junio de 2012, la Ssa dio un plazo de tres meses a los servicios de salud estatales y a los institutos para que hicieran los ajustes necesarios y cumplieran con el ordenamiento.

Respecto del Salvar, Kuri Morales mencionó que aunque se ha avanzado bastante, todavía existen errores u omisiones en la captura de información, sobre todo para identificar si los nuevos pacientes entran por primera vez a un esquema de tratamiento o si ya han sido previamente atendidos con esquemas de antirretrovirales en alguna otra institución.

El dato es importante porque entre las finalidades de los lineamientos está garantizar el mejor uso de los recursos económicos provenientes del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular y aplican a los pacientes que nunca han tomado medicinas para VIH, para los que requieren cambiar a un segundo esquema y para mujeres embarazadas.

La falla, motivo de preocupación de la Ssa, es el uso injustificado de los medicamentos de la familia de inhibidores de proteasa. Los lineamientos nacional e internacionales recomiendan la prescripción de combinaciones de antivirales con moléculas del tipo no nucléosidos, altamente efectivos y de menor costo.

Kuri Morales, señaló que en general, se acepta que 15 por ciento (más/menos cinco) de los pacientes inicien con inhibidores de proteasa por existir alguna justificación clara médica y científica. La mitad de los médicos rebasan este estándar, insistió.

Por eso, a partir de octubre los servicios de salud de los estados y los institutos nacionales deberán cumplir cabalmente con la guía y sus lineamientos. En caso contrario, dijo el subsecretario, las entidades federativas tendrán que hacerse cargo del pago de los tratamientos que estén fuera de la normatividad.