Hace casi año y medio, Maximino Sesmas, entonces subdirector adscrito a la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, con 22 años de antigüedad laboral, fue despedido abruptamente.

Por órdenes superiores no se le permitió siquiera sacar sus objetos personales de la oficina y fue conducido a la calle por la custodia policial.

Sus jefes inmediatos dijeron que le habían perdido la confianza al entonces funcionario, cuya única actividad extra a sus responsabilidades fue pedir, junto con otros subdirectores y jefes de oficina, homologación salarial.

Varios meses después de litigar en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) los magistrados fallaron, por unanimidad, en favor del trabajador. Ordenaron su reinstalación, la basificación y el pago de salarios caídos.

El de Sesmas es la punta de una madeja de despidos presuntamente injustificados en Gobernación, ejecutados con mayor rudeza durante el periodo de gestión del extinto titular de la dependencia, Francisco Blake.

Las actas del juicio laboral referido (5619/11) demuestran la ilegalidad de las acciones administrativas.

Alegatos sin sustento

En las audiencias, la directora de Relaciones Jurídico-Laborales de Gobernación, Amelia Borrego Dorantes (misma que en su propia área aplicó hostigamiento y despidos similares, según las denuncias de otros afectados), no pudo sustentar sus alegatos. Tampoco presentó pruebas jurídicamente sólidas, según la resolución de los magistrados.

Por el contrario, incurrió en errores básicos como presentar sus documentales en copia fotostática y llevar testigos que al momento de que las autoridades del TFCA preguntaron: ¿conocen al señor Sesmas? la respuesta, asentada en el acta, es no.

El laudo favorable del funcionario no es común; la mayoría de quienes han demandado despido injustificado se enfrentan a trabas burocráticas en Gobernación y en el propio TFCA, así como a complicidades –afirman–, incluso del Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública.

Otros casos de despidos arbitrarios son los enfrentados por Jorge Ramos, ex director general de Recursos Materiales; Saúl Pérez Salas, quien se desempeñaba como jefe de Departamento de Archivos Políticos y Sociales del Archivo General de la Nación, y Rocío Romero, entonces jefa de Control de Archivos Históricos, también del AGN.