Fue suspendido en sus funciones a partir del primero de junio
Su situación patrimonial no corresponde con sus emolumentos, señalan
Miércoles 3 de octubre de 2012, p. 19
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga por presunto enriquecimiento ilícito y eventual lavado de dinero al magistrado federal Jesús Guadalupe Luna Altamirano, debido a que su evolución patrimonial de los últimos cuatro años no concuerda con los ingresos que obtiene en el Poder Judicial Federal (PJF), y porque un testigo protegido declaró haberle sobornado con varios millones de pesos, revelaron fuentes ministeriales cercanas a las pesquisas.
Los fiscales que investigan al magistrado tienen acreditados al menos 50 viajes que el juzgador realizó a Colombia, entre noviembre de 2007 y agosto de 2008.
Desde junio pasado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano disciplinario y administrativo de los jueces, dio a conocer que Luna Altamirano había sido suspendido de su cargo por tiempo indeterminado, debido a una investigación que la judicatura realiza en su contra, aunque hasta ahora el organismo no ha informado los motivos que dieron pie a esa indagatoria administrativa.
La PGR, de manera paralela a la investigación del CJF, dio inicio desde principios de este año a una averiguación previa contra el magistrado Luna, quien cobró notoriedad pública en 2003, cuando autorizó la extradición del ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, la investigación contra Luna llevó a la PGR a intervenir por lo menos 10 números telefónicos durante los primeros cuatro meses de este año, en que se detectaron informaciones que presuntamente comprometían al juzgador.
La indagatoria contra el impartidor de justicia parte de una denuncia anónima que supuestamente recibió la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), seguida de los dichos de un testigo protegido identificado con el sobrenombre de Wicho, quien aseguró que al menos en dos ocasiones entregó dinero en efectivo a Luna.
Otras fuentes consultadas por este diario, fundamentalmente provenientes de abogados penalistas, revelaron que en junio pasado –cuando se hizo público, mediante un comunicado, que el CJF ordenó suspender temporalmente de su cargo a Luna– el juzgador visitó connotados despachos jurídicos para pedir asesoría legal
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La mayoría de los litigantes recomendaron a Luna abandonar territorio mexicano durante los pocos meses que le quedan al actual sexenio, ante la posibilidad de que la PGR ejercite acción penal en su contra.
Otros informantes de la PGR informaron que Luna Altamirano también es investigado por las libertades que dictó a un presunto lavador de dinero del cártel del Norte del Valle de Colombia.
Según estas fuentes consultadas, la PGR solicitó a un juzgado de distrito de procesos penales federales con sede en el Reclusorio Sur las copias certificadas de los dos procesos por lavado de activos que se llevaron contra Arturo Culebro Arredondo, El Tito.
Al mismo tiempo, durante la visita de inspección que realizó el mes pasado en el tercer tribunal unitario penal –que estuvo a cargo de Luna durante casi una década– el CJF revisó los fallos del magistrado favorables para el inculpado.
Luna Altamirano fue suspendido el primero de junio de sus funciones para ser investigado por presuntas conductas irregulares en sus resoluciones; al mismo tiempo, la PGR le inició una averiguación previa por delitos contra la administración de la justicia y por lavado de dinero.
