egún datos de la cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011, enviada a la Cámara de Diputados, durante el año pasado la Presidencia de la República ejerció un gasto 53 por ciento superior al que le había sido asignado por la Cámara de Diputados, y otro tanto hicieron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Seguridad Pública (SSP) y Educación Pública (SEP), cuyos gastos en 2011 crecieron 27.9, 9.8, 15.6 y 9.5 por ciento, respectivamente, respecto de los presupuestos que les habían sido autorizados originalmente.

En el caso de la Presidencia, la Sedena, la Semar y la SSP es improcedente la explicación de que los aumentos referidos obedecieron a tareas relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad, porque ese incremento se acompañó de insuficientes resultados en el desempeño gubernamental en dicha materia.

Por lo que a la SEP corresponde, y habida cuenta de las carencias presupuestarias tradicionales que acusa la enseñanza a cargo del Estado, resulta injustificable que una porción importante del gasto se haya destinado a la atención de políticas y programas inútiles y onerosos, como la llamada Enciclomedia, la cual recibió más de 4 mil millones de pesos, pese a que la propia Cámara de Diputados ordenó su desaparición. Es igualmente indicativo del desorden en las prioridades y en el manejo presupuestario del gobierno que el monto destinado al pago de la deuda interna y externa durante 2011 –232 mil 867 millones de pesos– sea equiparable e incluso superior a los recursos que se destinan a la educación pública y la Secretaría de Salud.

Tales elementos en conjunto son indicativos de una conducción presupuestaria dispendiosa, deficiente y ajena a las prioridades nacionales, que ha sido uno de los signos distintivos de las presidencias del PAN desde la alternancia de 2000 y hasta la fecha, cuando ese partido se dispone a transferir al PRI la titularidad del Ejecutivo. Durante las administraciones de Fox y de Calderón persistieron las percepciones insultantes para altos funcionarios públicos y la expansión descontrolada de equipos de colaboradores a cargo del erario.

La otra cara de la moneda es, desde luego, la falta de transparencia con que se manejan los recursos provenientes del erario en algunos rubros, como ocurrió durante el foxismo con los más de 70 mil millones de dólares procedentes de los excedentes de los precios petroleros –cuyo destino se desconoce hasta la fecha—, y como ha sucedido en la administración actual con los 367 mil 540 millones de pesos ejercidos a través de la caja negra de los fideicomisos, los mandatos y los análogos.

Los astronómicos costos del gobierno mexicano son de suyo injustificables, como para que aún se produzcan aumentos en el gasto, como los referidos y se busque escamotear a la sociedad la información completa sobre los recursos públicos ejercidos. Por desgracia, y pese al tan cacareado discurso sobre la transparencia y la rendición de cuentas, la actual administración se ha caracterizado, igual que su antecesora, por el dispendio y la opacidad, y no tiene, en suma, razones para sorprenderse por el descrédito generalizado que experimenta entre la población.