Economía
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PRD exige que Suárez Coppel comparezca sobre los floteles
 
Periódico La Jornada
Jueves 18 de octubre de 2012, p. 29

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandó en la Comisión de Energía del Senado que se cite a comparecer al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, para que informe de manera precisa el objetivo de invertir 380 millones de dólares en Galicia, España, para la construcción de dos hoteles flotantes.

El perredista Rabindranath Salazar expuso que es preocupante que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, haya avalado esas inversiones en su viaje a España, con la pretensión de rescatar la región de Galicia.

Los señalamientos fueron refutados por el presidente de la Comisión de Energía, el priísta David Penchyna, quien sostuvo que leyó con cuidado y responsabilidad las declaraciones de Peña Nieto, y en ningún lado percibí que iba a rescatar a Galicia o a los españoles. A su juicio, lo que el presidente electo dijo es que le parecía conveniente el acuerdo que Pemex impulsó, donde no sólo se trata de construir barcos, sino de una transferencia de tecnología.

Cercano al círculo de Peña Nieto, Penchyna sostuvo que Pemex se ha quedado rezagado en nuevas tecnologías por estas visiones trasnochadas de no tener imaginación en desarrollar fórmulas de combinación de capital, para que la empresa sea mejor.

Insistió en que la intención y las declaraciones de Peña Nieto, consignadas en todos los medios de comunicación nacionales y extranjeros, no es rescatar a España.

Sin embargo, el perredista Salazar destacó la necesidad de que el director de Pemex detalle el alcance de la inversión en Galicia, ya que medios internacionales hablan de contratos para construir 14 barcos más, de los que no tiene conocimiento el consejo de administración de la paraestatal.

En la comisión hay un punto de acuerdo presentado por la senadora priísta María Lucero Saldaña Pérez, que propuso solicitar información sobre ese tema y revelar quién autorizó esa inversión y con base en qué fundamento legal se firmaron los contratos con astilleros españoles que tenían cinco años sin un solo contrato firmado, ni para construir una lancha.