uando el conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) está por cumplir su segundo mes, y en un momento en que las negociaciones entre el bloque encabezado por la rectora Esther Orozco y los opositores parece haber llegado a un impasse –como consecuencia del incumplimiento por parte del primer bando de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo–, es meridianamente claro que el acicate principal a la confrontación es, en la hora presente, la cerrazón de la rectoría y sus grupos afines y su renuencia a cumplir con acuerdos alcanzados con los sectores críticos de la institución.
Dicha renuencia, reconocida y lamentada el pasado jueves por el titular de Educación del Gobierno del Distrito Federal, Salvador Martínez Della Rocca, podría dar al traste con los buenos oficios mostrados hasta ahora por la administración capitalina para fungir como instancia de mediación en el conflicto.
En dicho contexto, la insistencia del jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard, para no fijar una postura en torno a ese conflicto porque la universidad es autónoma
, es susceptible de una serie de interpretaciones contrapuestas –y no necesariamente halagüeñas– de cara a la necesaria resolución de la crisis en la UACM, cuyos costos amenazan con ser demasiado elevados para la universidad, pero también para la administración local.
No queda claro, por principio, si el alegato en favor de la autonomía de la casa de estudios surge de un genuino compromiso con ese principio –lo cual, desde luego, sería motivo de reconocimiento–, o si forma parte de un doble juego de la administración capitalina, como ha denunciado el sector crítico a Esther Orozco a la luz del apoyo brindado a ésta por el GDF en diversos episodios anteriores.
Una tercera interpretación es que el alegato de Ebrard represente, en los hechos, una toma de distancia respecto de la figura de Orozco y un consecuente reconocimiento de la condición de lastre político que ha adquirido la rectora en las últimas semanas. Porque, más allá de las razones originarias de la actual crisis en la UACM, si algo resulta innegable a estas alturas es que Orozco se ha empeñado, en todo este tiempo, en renunciar a su papel como conciliadora dentro de la universidad para erigirse en bando beligerante; que ha descalificado, con ello, su capacidad para conducir hacia el diálogo a la comunidad que encabeza y que se ha convertido, en cambio, en un factor principal de tensión y división.
En suma, si el compromiso del GDF con la condición autónoma de la UACM es real, lo procedente sería que ello se refleje en la exigencia de que el Consejo Universitario, en tanto máximo órgano de gobierno de la institución, esté integrado por representantes de la comunidad universitaria en su conjunto, como quedó reflejado en las pasadas elecciones, y no únicamente por afines a la rectoría. Dicha condición es necesaria para que la pugna al interior de la UACM se resuelva, y para que se mantenga en pie ese proyecto educativo, cuya importancia para la capital y para el país en su conjunto es innegable.
