A 80 meses de la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos, integrantes del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, de la organización Familia Pasta de Conchos y del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) lamentaron la respuesta dada por la administración de Felipe Calderón a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las agrupaciones precisaron que el gobierno federal aseguró a la CIDH que los familiares de las víctimas se han dado por satisfechos con la forma como se atendió el asunto ante las instancias nacionales mexicanas.

Al respecto, y en el contexto de la misa mensual que realizan deudos frente a las instalaciones de Grupo México, ayer el jesuita Fernando Ríos, quien ofició el servicio religioso, refirió que lo que dice el gobierno es falso y que con esto intenta bloquear la demanda de justicia que se hace ante la CIDH debido a que en México ha prevalecido la impunidad en torno a este caso.

También expresó su extrañeza porque en la propuesta laboral que se analiza en el Senado no se encuentra un párrafo del artículo 343-A, el cual es muy importante porque prohíbe la explotación de carbón en los pozos y establece medidas y normas de seguridad para esta minería; no sabemos por qué lo eliminaron, esto va en contra de los derechos laborales.

Explicó que en la reforma laboral del gobierno consideraba esa modificación que prohibía la minería de carbón insegura, pero los diputados eliminaron el párrafo.

Este decía que queda prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros mediante el empleo de botes; en este caso, la extracción de carbón deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados. Asimismo, queda prohibido el trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros, entendiéndose por esto a los trabajos de extracción de carbón en los tiros verticales en forma artesanal en donde las actividades mineras se llevan a cabo sin contar con licencias, permisos y autorizaciones requeridas, no contando con las medidas de seguridad que correspondan a la normatividad vigente para proteger la vida de los trabajadores.

Las agrupaciones indicaron que Joel Hernández, embajador y representante permanente del Estado mexicano ante la CIDH, señaló a Emilio Alvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, que las diversas autoridades involucradas han sido altamente sensibles y han proporcionado un seguimiento adecuado, constante y diligente al lamentable accidente, lo cual ha indignado a los deudos.

Acotaron que dicha respuesta sólo busca darle un respiro a Calderón y librarlo de la declaración de admisibilidad del caso y apertura de juicio al Estado mexicano por su irresponsabilidad y añadieron que ante esto preparan una adecuada respuesta.

Ríos confió en que la CIDH declare la admisibilidad del caso e inicie el litigio contra el Estado mexicano.