Guadalajara, Jal., 21 de octubre. Los corredores públicos interpondrán un amparo contra la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pues argumentan que en esta legislación quedaron en situación de inequidad frente a otros gremios.

Pretendemos poner un amparo por esa inequidad en relación con los notarios públicos, pues está en riesgo la labor del gremio, dijo el presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, Carlos Porcel Sastrías.

La ley determina que los corredores públicos deberán emitir un aviso a las autoridades cuando sean testigos de operaciones mercantiles por alrededor de 497 mil pesos, mientras a los notarios públicos se les obliga a informar operaciones de 992 mil pesos.

Porcel Sastrías agregó que los corredores públicos están obligados a dar el aviso en todos los casos en que actuemos con fe pública, a diferencia de otros gremios o fedatarios públicos como los notarios, que sólo tendrán que dar avisos cuando las operaciones sean superiores a 900 mil pesos.

La nueva disposición legal establece sanciones administrativas y penales para funcionarios, corredores y notarios públicos hasta por 4 millones de pesos y la inhabilitación para continuar ejerciendo labores. Además, se sancionaría con cárcel hasta por 10 años, dependiendo de la falta, a quienes contravengan dicha ley, dijo Marco Antonio Fernández, director general de Control Environment Solutions.

En términos generales, un corredor público es un mediador en el otorgamiento de los contratos mercantiles, funge como perito legal y funcionario de fe pública; en el país existen alrededor de 380 habilitados por el gobierno federal.

La decisión de interponer el amparo ocurrió durante la 20 Convención Nacional de Correduría Pública realizada este fin de semana en esta ciudad.

Porcel Sastrías indicó que el colegio creará una comisión de estudio de la ley antilavado y contratará un despacho externo que elabore el amparo, para que sea un trabajo objetivo.

Detalló que el amparo deberá estar listo antes de los 30 días hábiles posteriores a la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación. Los términos en derecho son fatales, así que si no lo presentamos en ese lapso no será nunca, dijo el directivo.

Advirtió que los corredores públicos pretenden únicamente tener un trato equitativo y no buscan desvincularse de la obligación que impone la ley antilavado ni zafarse de coadyuvar con el gobierno federal para mitigar el crimen organizado.

Queremos competir en un mismo nivel de equidad. (Con la ley) el usuario de fe pública verá más cómodo acudir con un notario que no tiene la obligación de dar aviso en operaciones rutinarias, en vez de ir con un corredor publico, que tendrá que dar avisos de todo tipo de operación mercantil, explicó.

Porcel Sastrías advirtió que la ley antilavado podría desincentivar el acceso a los servicios de correduría pública. Si le informo a un emprendedor que busca constituir una sociedad con un capital de 50 mil pesos que daré aviso a autoridades, posiblemente prefiera buscar otras opciones en lo que despega su negocio; quizá no quiera estar en el ojo del huracán, dijo.

Los corredores públicos insistieron en su convención en que la ley antilavado los coloca en una situación de desventaja frente a otros profesionales, y además del amparo solicitaron al Colegio Nacional de Corredores Públicos analizar a fondo esa nueva disposición legal.

Durante el encuentro que concluyó este domingo en Guadalajara, Porcel Sastrías informó que el gremio estará alerta por el riesgo que conllevaría emitir avisos a las autoridades de las operaciones mercantiles de los usuarios.

La recomendación del colegio, dijo, es advertir al usuario que conforme a la ley deben reportarse todo tipo de operaciones, para que el cliente tome una decisión. Indicó que el gremio de los corredores públicos ha sido objeto de situaciones de riesgo en estados donde existen focos de violencia, por lo que instó a las autoridades a atender esas denuncias.

En caso de prosperar el amparo, los corredores públicos se convertirán en el primer gremio profesional en interponer ese recurso, incluso Porcel Sastrías no descartó que los notarios públicos se amparen contra la ley antilavado.