La Presidencia de la República entregó la relación de números de teléfonos celulares y nombres de los 37 servidores públicos a los cuales les fueron asignados los aparatos, en acatamiento a una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). En un comunicado, el instituto puntualizó que la información –que se proporcionó a un particular– no pone en riesgo a los servidores públicos, ya que no desempeñan actividades directas en materia de seguridad nacional. Entre ellos están Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia; Alejandra Sota, vocera; Sofía Frech, coordinadora de Gabinetes y Proyectos Especiales, y José Víctor Valencia Zavala, oficial mayor. Presidencia había manifestado que la información estaba reservada un año, pues su difusión pondría en riesgo la vida, salud o seguridad de los servidores públicos. Pero en la sustanciación del asunto, Jacqueline Peschard, presidenta del Ifai, localizó en el POT de la dependencia (sitio electrónico en el que se publican las obligaciones de transparencia, como establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental) el nombre de los servidores públicos que cuentan con el servicio de telefonía móvil, su cargo y clave del puesto. La comisionada señaló  que toda la información de los funcionarios es pública y se encuentra íntimamente relacionada con el desempeño de su encargo, así como aquella que le permita a las dependencias presentar una adecuada rendición de cuentas, es pública. Puntualizó que el servicio de telefonía celular es parte de las prestaciones que corresponden al cargo del funcionario, por lo que el equipo y la renta de la línea son pagados con recursos del erario.

Tres personas muertas y dos heridas es el saldo del ataque de un comando armado en las afueras del bar El Muchacho Alegre, cerca del jardín principal de Miramar, municipio de Manzanillo, Colima, informó la Procuraduría General de Justicia del estado. Los sicarios llegaron en un vehículo y dispararon contra Martín Pimentel Izazaga, Fidel Vaca Nava y Pedro Fautegui Bernal, quienes perdieron la vida, mientras Fredy Camacho de Jesús y Román González resultaron con lesiones graves y fueron trasladadas a un nosocomio. Por otra parte, un deceso y tres lesionados fue el resultado de un enfrentamiento entre sujetos armados y policías municipales en Coyuca de Benítez, Guerrero. Los uniformados recibieron un reporte de riña en el bar Tequilas, en la colonia Centro, y al llegar fueron baleados. En Acapulco y en Chilpancingo fuentes estatales contabilizaron dos ejecuciones. Otras ocho personas fallecieron en hechos violentos en tres estados: cuatro en Chihuahua, dos en Nuevo León y dos en Sinaloa, según reportes policiacos. En Saltillo, Coahuila, agentes de la Procuraduría General de Justicia localizaron una fosa clandestina, en la cual encontraron los restos de un varón, quien pudo haber sido asesinado hace siete días.

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) inició cabildeos con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto en torno a los recursos que se ejercerán en 2013. El coordinador de infraestructura de la Conago, Jorge Herrera, mantiene contacto con Gerardo Ruiz, del equipo de transición, y con especialistas de las dependencias involucradas en la construcción de caminos federales. La Conago pretende conformar una base de proyectos de infraestructura y que por entidad se soliciten los recursos.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), informó ayer que interpusieron un nuevo amparo ante el juez cuarto de distrito en materia de procesos civiles federales y amparo con sede en Toluca, en razón de que la obstaculización de las autoridades en la liberación del indígena mazahua Hugo Sánchez constituye un acto que violenta directamente el derecho a la libertad personal. Ello representa no sólo el desacato a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino además un acto ilegal de privación de la libertad.

La estrategia de comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue clasificada como reservada por un periodo de seis años, debido a que es información que pondría en riesgo la imagen de los magistrados, en razón de que son susceptibles a sufrir ataques en medios de comunicación. En respuesta a una solicitud de información para que el TEPJF dé a conocer su estrategia de comunicación contratada con agencias para enfrentar los cuestionamientos por sus resoluciones de su competencia, el tribunal optó por mantenerla como reservada para evitar su difusión. La reserva se dictaminó desde junio de 2010 y como se estableció un plazo de seis años, será hasta junio de 2016 cuando podrá ser liberada la información, sobre cómo enfrenta el tribunal los cuestionamientos a sus resoluciones. Debido a esa reserva de información, por ejemplo, sólo el propio tribunal conoce los resultados de la aceptación o el rechazo de sus resoluciones entre la opinión pública, como la relacionada con la declaratoria de validez de la elección presidencial, y de la forma en que busca incidir en estos resultados.