Dos tribunales colegiados de circuito, cuatro juzgados de distrito y 10 jueces del fuero común en materia civil del Distrito Federal emitieron criterios jurídicos en el mismo sentido, con lo cual se abrió la posibilidad para que unos 15 mil ocupantes de los conjuntos habitacionales más grandes construidos en el estado de México puedan quedar absueltos del pago de sus deudas, que tienen desde hace por lo menos tres años con las instituciones de crédito que les vendieron los inmuebles.

A principios de 2012, los jueces locales resolvieron que varias entidades financieras de crédito a la vivienda en el estado de México aplicaron durante siete años cobros a sus clientes por seguros de vida, invalidez permanente por daños sobre el inmueble (como incendio, derrumbe e inundación) sin que éstos fueran contratados con compañías aseguradoras.

En tanto, entre agosto y septiembre pasados el tercero, séptimo y octavo tribunales colegiados de circuito en materia civil, además de los juzgados segundo, cuarto, quinto y octavo de distrito en materia civil confirmaron, por separado, resoluciones de por lo menos una decena de fallos de juzgados del fuero común en el Distrito Federal que han favorecido a 182 personas de conjuntos habitacionales construidos por Urbi Desarrollos Urbanos, Sadasi, Homex, Geo, Ara, Sare, Promotora Integrales de Viviendas, entre otras constructoras.

Ahora los jueces y magistrados federales confirmaron las resoluciones de los juzgadores del fuero común, y turnaron los expedientes a juzgados del estado de México.

Juicios de unos 15 mil habitantes

Según consta en documentos de todos estos juzgados, a los que tuvo acceso La Jornada, las entidades financieras de crédito a la vivienda que no contrataron dichos seguros, y por tal motivo podrían perder los juicios civiles contra unos 15 mil habitantes que han caído en cartera vencida por la falta de pagos de sus créditos son: ING Hipotecaria, Patrimonio, Hipotecaría Nacional Bancomer, Hipotecaria Su Casita, Ge Money, Crédito Icasa, entre otras Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles).

Además, los jueces federales que han conocido de estos litigios han resuelto que los juzgados del fuero común en materia civil que son competentes para resolver dichas controversias son los que radican en el estado de México, entidad donde, por una omisión legislativa, desde la reforma a su Código de comercio de 1996 no proceden los juicios especiales hipotecarios, mediante los cuales las Sofoles pueden recuperar la posesión de casas cuando los deudores dejan de pagar sus créditos.

Todos estos juicios son litigados por José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, quien en entrevista con este diario aseguró que estas resoluciones de juzgados y tribunales del fuero común y federal “han venido acreditando que en el estado de México –e intentaremos demostrar que también sucedió en varias entidades del país– se realizó un megafraude en el otorgamiento de créditos hipotecarios sobrevaluados en aproximadamente 50 por ciento de su valor real”.

Agregó que en la entidad mexiquense, durante las administraciones de los gobernadores Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, “se otorgaron 669 mil 52 créditos hipotecarios sobrevaluados en 50 por ciento. Estamos hablando de familias afectadas que habitan 352 conjuntos habitacionales que se construyeron durante los años 1999-2011, de los cuales actualmente 40 por ciento de esos 669 mil créditos están en cartera vencida.

Con estas resoluciones de los juzgados tenemos que los jueces han confirmado que 80 por ciento de estos créditos que han caído en cartera vencida no podrán ser reclamados por la vía judicial (las Sofoles se verán obligadas a negociar con los deudores del crédito), porque en el estado de México desde 1996 que se reformó el Código de comercio, el Congreso local optó por no incluir el juicio especial hipotecario, refirió.

Ante esa decisión legislativa en el estado de México, las Sofoles que fungieron como intermediarias de constructoras como Urbi Desarrollos Urbanos, Sadasi, Homex, Geo, Ara, Sare, Promotora Integrales de Viviendas, entre otras, iniciaron hace dos años sus demandas contra los deudores crediticios ante juzgados del fuero común en el Distrito Federal, pero después de varios meses de litigio los jueces en la ciudad de México han optado por enviar los juicios a los mexiquenses.

En total, el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna ha logrado obtener sentencias favorables en 182 juicios ordinarios mercantiles, ordinarios civiles y ejecutivos mercantiles, en lo que, palabras más palabras menos, los jueces han resuelto que las empresas hipotecarias no podrán ejecutar alguna resolución en su favor para reclamar las hipotecas, porque no recurrieron a la vía del juicio especial en la materia, que era la vía idónea para que pudieran recuperar los inmuebles en posesión de los deudores de créditos.

El siguiente paso que deberán seguir las familias que se encuentran en situación de deuda en el estado de México con alguna Sofol es utilizar estas resoluciones –que por ahora sólo favorecen a 182 personas– como prueba superveniente, a fin de que los alrededor de 15 mil deudores que tienen pendiente la resolución de sus juicios obtengan fallos en el mismo sentido.