Chihuahua, Chih., 21 de octubre. Los abogados laboristas deshonestos y manipuladores, los llamados coyotes, que históricamente eran inalcanzables por la ley penal, hoy están ante una fuerte advertencia de parte de las autoridades gubernamentales de Chihuahua, por uso fraudulento de los litigios laborales, algunos de ellos ya están sujetos a la investigación ministerial e incluso enfrentan procesos penales.

Unas 750 personas han sido detenidas por testificar en los juicios orales con información falsa y deliberadamente manipulada, según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Mientras que en el ámbito nacional el tema de la reforma laboral está confrontando a los sectores políticos y empresariales, en Chihuahua la modificación al Código Penal para efectos de prácticas laborales fraudulentas ya está dando resultados.

Tras las reformas penales aprobadas en mayo de 2011, la parte interesada puede interponer la denuncia formal ante el Ministerio Público, sin esperar a que termine el litigio laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El delito es tipificado como fraude procesal.

Esta nueva disposición legal ha sido reforzada por los mensajes enérgicos del gobernador, César Duarte Jaquez, y del titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Fidel Pérez Romero, de combatir sin tregua las mafias de abogados fraudulentos, para proteger tanto al trabajador como al empresario.

Estamos buscando que los vacíos de la Ley Federal de Trabajo no sean aprovechados por los abogados corruptos que no tienen escrúpulos para sangrar al capital y los bienes de cualquier empresa, manipulando al trabajador y a su familia, señaló el gobernador.

Aseguró que la práctica habitual de esos abogados sin ética es convencer al trabajador para que les endose los derechos a litigio, les entregan un buen recurso económico y se quedan con el caso, siempre y cuando les deje bueno activos.

Hemos atestiguado, con dolor, que les han quitado hasta las casas a las familias que se atrevieron a invertir y a generar empleo y luego cayeron en las manos de esos abogados corruptos, aseguró Duarte.

Los engorrosos, largos y costosos litigios laborales repercuten tanto la generación del empleo como en la inversión, sostienen las autoridades.

Ante la Fiscalía general del Estado se tramitan actualmente siete denuncias penales derivadas de litigios laborales. Las querellas son presentadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contra quien resulte responsable.

Seis de estas denuncias se encuentran en etapa de investigación y un séptimo caso ya se judicializó ante un tribunal penal y se llevó a cabo la audiencia de formulación de la imputación, sin que se haya presentado la persona imputada, por lo que el juez de garantía la declaró sustraída de la acción de la justicia y el Ministerio Público solicitó se gire orden de aprehensión.

Litigantes fraudulentos

Hay otras tres denuncias presentadas por particulares. En una de ellas los imputados ya fueron vinculados a proceso el pasado 13 de mayo de 2011 por el delito de fraude procesal; actualmente corre el término de cierre de investigación. De esta querella se derivó también la formulación de imputación de dos abogados que llevaron los asuntos laborales, Berenice Delgado y Carlos Vargas Reyes.

Delgado fue vinculada a proceso en calidad de cómplice; se encuentra en libertad con la obligación de firmar quincenalmente ante las autoridades judiciales. El implicado directo, Carlos Vargas, debió haberse presentado ante el tribunal de Garantía el 17 de octubre y al no hacerlo, se puede revocar la suspensión que el juez de distrito le había otorgado y girarle orden de aprehensión.

Con base en los datos de la fiscalía, el grupo de abogados liderados por Carlos Vargas cometió fraudes en perjuicio de decenas de empresas y personas físicas con actividades empresariales en Chihuahua.

El titular de la STPS, Fidel Pérez Romero, indicó, a raíz de esta nueva política en el combate a las mafias laborales, que en las Juntas de Conciliación y Arbitraje se observa un ambiente de mayor respeto a la legalidad, demandas más apegadas a la realidad y, sobre todo, al derecho. Esto nos lleva, por tanto, a un mayor número de casos conciliados dentro de parámetros más convenientes para las partes y en tiempos más cortos, dijo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social abrió una investigación de carácter interno sobre 18 abogados laborales por estafar a empresas y comercios a través de demandas por altas cantidades de dinero. Su modus operandi radica en simular despidos injustificados en complicidad con funcionarios públicos y seudotrabajadores.

Pérez Romero recalcó que en Chihuahua se está construyendo una nueva cultura laboras que es ejemplo a nivel nacional.

Los empresarios señalaron en un desplegado público que las prácticas fraudulentas por parte de este tipo de abogados y los clientes que representan han ocasionado el cierre de fuentes de empleo en pequeñas y medianas empresas e inhiben la inversión en nuestra estado”. La posibilidad de procesar penalmente a los abogados corruptos ayuda a conservar fuentes de trabajo, a fortalecer la economía y promover nuevas inversiones en la entidad, aseguraron representantes de las cámaras empresariales. 

La dirigente de la Confederación de Trabajadores en México (CTM), Patricia Romo Chacón, manifestó que la clase trabajadora debe guiarse con verdad en las demandas laborales.

Dijo que en la medida que los empresarios vean que en Chihuahua existe un ambiente laboral adecuado para instalarse, se verá beneficiada la misma sociedad al haber mayor posibilidad de empleo y más desarrollo económico.

En la CTM nos complacemos que en Chihuahua se castigue a quienes alteren demandas mediante falsos testimonios, para beneficiar a sus representados, indicó.