El aumento exponencial de la tortura en México es un fenómeno que se debe en gran medida a la guerra contra el crimen organizado del presidente Felipe Calderón, cuyo gobierno no sólo no ha erradicado dicha práctica, sino que ha encubierto a los integrantes de sus fuerzas de seguridad para evitar que sean juzgados por ese crimen.

Afirmó lo anterior el tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Andrés Aguirre, quien señaló que la impunidad de los miembros de las fuerzas armadas y la policía ha provocado un aumento de la espiral de violencia contra la población.

A propósito del informe Culpables conocidos, víctimas ignoradas: tortura y maltrato en México, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, donde se advierte que la tortura se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática de muchos servidores públicos, el funcionario afirmó que una de las causas de tal situación es la guerra de Calderón contra la delincuencia.

Hay un crecimiento exponencial de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de detenciones ilegales, desapariciones forzadas y violencia contra las mujeres, debido a los efectos de las políticas del gobierno en materia de seguridad pública, indicó el funcionario de la CNDH en entrevista con La Jornada.

Dicha situación se agrava –alertó el visitador– debido a que la mayoría de las víctimas no denuncia lo ocurrido por temor a sufrir represalias, así como por la falta de apego de las normas mexicanas a la legislación internacional en la materia y a la reclasificación de la tortura como delito menor, con tal de evitar que los responsables sean castigados.

La impunidad generada por todos esos factores –subrayó el funcionario– es la más grave enfermedad de este país, y se refleja en el hecho de que de 2011 a septiembre de 2012 la CNDH sólo recibió 125 denuncias por tortura y 6 mil 209 por malos tratos.

Los estados con mayor prevalencia de ese fenómeno son aquellos “donde la participación de las fuerzas armadas es más intensa en la ‘guerra’ contra el crimen organizado, como Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Durango” –sin que eso quiera decir que en el resto del país no existe–, y la mayoría de las quejas involucran a agentes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, abundó.

De 2007 a la fecha, la CNDH ha realizado 2 mil 407 visitas a más de 5 mil 330 lugares de detención en todo el país, donde sus visitadores han documentado varios factores que propician la tortura, como falta de registro de detenciones, carencia de personal médico, condiciones higiénicas precarias y, sobre todo, falta de capacitación profesional de los agentes de seguridad.

Hay algunos avances legislativos importantes, como la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, pero no alcanzan a aterrizar en la procuración de justicia y las policías. Ahí hay un trabajo enorme que el próximo presidente debe tomar en cuenta, recalcó Aguirre.