l titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, firmó ayer en esta capital, junto con los gobernantes de Honduras, Porfirio Lobo; de Costa Rica, Laura Chinchilla, y de Belice, Dean Barrow, una declaración sobre la cooperación contra la delincuencia trasnacional. El documento exhorta a los países consumidores a explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, afirma que es inaplazable una revisión del enfoque de la lucha antidrogas y recomienda analizar a profundidad las implicaciones sociales de políticas públicas y de salud que permiten la producción, el consumo y la distribución legal de mariguana, lo cual constituye un cambio paradigmático de algunos países del continente con respecto al régimen internacional vigente. Esto último constituye una referencia inequívoca a la despenalización de la mariguana en Colorado y Washington, a raíz de sendos referendos realizados en paralelo con la elección presidencial estadunidense.

El hecho referido no sólo ha descolocado al gobierno de Estados Unidos, tradicional promotor de la guerra contra las drogas en territorios ajenos al suyo, sino también a los regímenes latinoamericanos que se han plegado a las directrices de Washington en materia de estupefacientes y que, de manera acrítica, las han venido aplicando con un enorme costo humano, social, económico e institucional.

En el caso de México, el gobierno calderonista emprendió una cruzada contra el narcotráfico en nombre de una prohibición cuestionable desde cualquier punto de vista y durante seis años se negó a rectificar su estrategia a pesar de las decenas de miles de muertos, de la descomposición de instituciones, del sufrimiento humano incuantificable y de la grave pérdida de soberanía nacional. Es una triste paradoja que ahora, a poco más de dos semanas de entregar el cargo, Calderón, en compañía de algunos mandatarios centroamericanos, reconozca la pertinencia y hasta la urgencia de revisar el paradigma prohibicionista de la guerra contra las drogas, y que ello ocurra, a mayor abundamiento, justo después de que dos estados del país vecino decidieron excluir la mariguana de la lista de productos prohibidos.

La conclusión es por demás descorazonadora: en la supuesta defensa de la salud de consumidores estadunidenses el gobierno mexicano se metió de lleno a un conflicto que ha convertido la muerte violenta en parte de la vida cotidiana, desvió recursos inestimables de la salud, la educación y el desarrollo social en general y entrega un saldo catastrófico de muertos, de infiltración de la delincuencia en corporaciones de seguridad, de zonas del país abandonadas al control de los criminales y de funciones soberanas del Estado rendidas a la injerencia estadunidense.

El país vecino, por su parte, realizó negocios espléndidos al calor de la guerra calderonista: su industria militar y de servicios de seguridad logró convertir al territorio mexicano en un nuevo mercado bélico y varias dependencias militares, policiales y de espionaje de Washington lograron hacerse de posiciones de influencia –si no es que de coordinación y de control– sólo comparables a las que ostentan en países militarmente ocupados. Por lo demás, los productores y distribuidores de mariguana en Colorado y Washington pronto podrán dedicarse a su negocio sin que nadie los moleste.

En esta circunstancia resulta claro que el gobierno que asuma el primero de diciembre próximo tiene como tarea inmediata la formulación de una nueva concepción y de una nueva estrategia en materia de estupefacientes.