A la preocupación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su siglas en inglés) por el incremento de feminicidios y trata de personas en el país, así como por el entorno de vulnerabilidad de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, se suma su inquietud por la condición de desventaja y riesgo para el sexo femenino en los ámbitos de educación, empleo y salud, así como la realidad de las indígenas en el país.

En el informe México ante el Cedaw –presentado oficialmente el pasado jueves por funcionarios de Naciones Unidas en la sede común de ese organismo en la ciudad de México– el comité expone su preocupación por el alto nivel de pobreza, el analfabetismo y las múltiples formas de discriminación contra la mujer indígena de las zonas rurales, en particular en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Asimismo, porque la política de seguridad pública adoptada por el gobierno para luchar contra la delincuencia organizada “ha afectado negativamente a las mujeres indígenas de las zonas rurales, ya que ahora sufren más violencia, incluido el feminicidio, a manos de fuerzas de seguridad”.

Por ello, recomienda garantizar que todos los programas y políticas de combate a la pobreza tengan perspectiva de género y enfoque intercultural, así como adoptar las medidas necesarias para asegurar la aplicación efectiva de las leyes pertinentes para prevenir la violencia contra las mujeres indígenas y garantizar a las víctimas un acceso efectivo y rápido a la justicia, incluso mecanismos de reparación.

En el rubro de educación, las expertas toman nota del Programa de becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas (Promajoven); sin embargo, les preocupa que se estigmatice y obligue a abandonar la escuela a las adolescentes embarazadas.

También lamenta que se haya reducido el contenido del curso sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, por lo que sugiere al Estado que vele por que el contenido esté al día, se base en pruebas científicas e introduzca un amplio programa en la materia, adecuado a cada grupo de edad, como parte del programa de estudios de los niveles básico y secundario del sistema educativo.

Además, manifiestan su inquietud por las disparidades en la tasa de alfabetización entre las mujeres de concentraciones urbanas y las de zonas rurales, así como la feminización de ciertos ámbitos de la educación.

Les preocupa también que la violencia contra mujeres y niñas en la escuela siga planteando problemas y que no existan mecanismos claramente definidos de prevención, enjuiciamiento y eliminación del abuso sexual y el hostigamiento y otras formas de violencia en las escuelas, por lo que insta a las autoridades a instituir medidas al respecto, y a alentar a las jóvenes a elegir ámbitos de estudio y profesiones no tradicionales.

En el rubro de salud, el comité resalta el incremento de embarazos de adolescentes, el acceso limitado de jóvenes a información y métodos anticonceptivos, y que la actual tasa de mortalidad materna (53.5 muertes por cada 100 mil nacidos vivos) dista de la meta establecida en los Objetivos del Milenio para 2015 (22.2 muertes).

Recomienda asegurar que en todos los estados las mujeres que tengan motivos legales que justifiquen la interrupción del embarazo tengan acceso a servicios médicos seguros y, en el caso de las que han sido violadas, acceso a anticonceptivos de emergencia, al aborto y al tratamiento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida.

En materia laboral preocupa la persistencia de prácticas discriminatorias, como el requisito de presentar certificado de ingravidez para lograr o mantener un empleo, el hostigamiento sexual y la violencia en áreas de trabajo (tres de cada 10 han sido víctimas de ello), la brecha salarial entre hombres y mujeres, y que 56.6 por ciento de la población trabajadora femenina se desempeñe en el sector informal, sin acceso a seguridad social.