En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones civiles de Chihuahua y Sinaloa demandaron a las autoridades investigar los asesinatos y desapariciones en esas entidades; a su vez, la Fiscalía Especial para Combatir la Violencia Familiar en Michoacán informó que este año recibió 2 mil 742 denuncias, mientras que en Nayarit la diputada priísta Bertha Reynaga propuso garantizar la seguridad de las mujeres agredidas por sus parejas.

Familiares de mujeres ausentes y activistas de organizaciones civiles de Ciudad Juárez, Chi-huahua, iniciaron una vigilia en el memorial del Campo Algodonero para exigir a las autoridades que detengan a las bandas de trata, las cuales actúan impunemente en esta frontera desde hace años, y que han matado al menos a mil 24 mujeres y desaparecido a 191, la mayoría jóvenes.

La mañana de ayer varias madres dieron testimonio del sufrimiento y la lucha por encontrarlas, y criticaron la incapacidad o complicidad de autoridades policiacas, que en 20 años no han detenido a los integrantes de las bandas de trata de personas.

Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres de Juárez, expresó que tienen una lista de 191 mujeres desaparecidas, quienes salieron de sus casas, escuelas o trabajos y no han vuelto a sus hogares.

En Sinaloa, tres organizaciones ciudadanas exigieron al Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres) aplique la alerta de violencia de género en esta entidad, ante el aumento de las agresiones y los cerca de 70 feminicidios en lo que va del año.

La solicitud fue entregada por dirigentes de las organizaciones Mujeres Sinaloenses en Acción (Musa), Mujeres Profesionistas de Origen Campesino y Mujeres en Lucha por sus Derechos, pues día a día vemos horrorizadas cómo se vulneran nuestros derechos humanos sin que hasta el momento se instrumente una política pública coherente y efectiva que nos garantice el derecho a vivir en paz.

Magaly Reyes Chávez, de Musa, dijo que la alerta de violencia de género, incluida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Digna Libre de Violencia en el estado, permitirá que las autoridades tomen medidas integrales de combate a la incidencia feminicida, la aportación de recursos y la coordinación entre las instituciones gubernamentales de la entidad.

En Michoacán, Rosa María Solorio Camarena, encargada de la Fiscalía Especial para Combatir la Violencia Familiar, informó que durante los primeros siete meses del año se levantaron 2 mil 742 actas circunstanciadas por violencia familar; un incremento de al menos 10 por ciento comparado con 2011.

De esas 2 mil 742 actas, 371 concluyeron en averiguaciones previas, 267 correspondientes a mujeres, 74 a niñas y 30 a hombres violentados. De los casos a los que se les dio curso penal, 90 por ciento corresponden a mujeres y el resto a niños y niñas.

Este año unas 30 mujeres fueron canalizadas a instituciones de protección por el alto riesgo en que se encuentran. Las regiones con mayor número de casos son la Tierra Caliente y las zonas purépechas, agregó la funcionaria al concluir la ceremonia del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En tanto, la diputada local priísta de Nayarit, Bertha Reynaga, propuso al Congreso local reformas al Código de Procedimientos Civiles del estado para que las víctimas de violencia familar obtengan una orden de protección y la debida reubicación fuera de sus hogares, toda vez que generalmente son agredidas por sus cónyuges.

Rodríguez dijo que de no contemplarse esta orden, habría total indefensión hacia las agraviadas, pues hay ocasiones en que la víctima y sus hijos no cuentan con un sitio donde refugiarse, lo que se agrava si la víctima no cuenta con dinero, trabajo o sustento, razones que hacen sumamente necesaria la inclusión para que el juez decrete la orden de protección.

En ese contexto, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES-I), ubicada en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, inició el programa Cero tolerancia al acoso sexual en instalaciones de este plantel, desde este viernes, debido a que una encuesta aplicada entre 596 estudiantes arrojó que 38 por ciento sufrió este tipo de prácticas por parte de profesores.

La directora de la FES-Iztacala, Patricia Dávila, tras darse a conocer dichos datos, advirtió que a partir de este día estudiante o académico que incurra en dicha conducta se hará acreedor a sanciones administrativas, académicas, laborales o penales.

Tenemos un problema grave y Cero tolerancia al acoso sexual no será un programa persecutorio, pero habrá investigaciones de los casos y se va a tomar con toda seriedad el tema, señaló.