La directora de políticas públicas de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Procuraduría General de la República, María Antonia González del Castillo, reconoció que las dependencias públicas no tienen la capacidad para atender a las víctimas de estos delitos.

¿Cómo tenemos que atenderlas? ¿A qué tienen derecho? Ello nos está generando gran angustia, ¿por qué? Porque no contamos con herramientas para hacerlo. No contamos con el presupuesto ni con el personal capacitado. Tenemos muy buenas intenciones, pero no tenemos esa capacidad de respuesta, dijo durante su participación en el Seminario internacional sobre la trata de personas, convocado por El Colegio de la Frontera Norte y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

En la mesa Políticas de prevención y combate contra la trata de personas, la funcionaria explicó que hace cinco años quizá la principal preocupación en este ámbito era dar a conocer la ley para el combate de este delito; actualmente, cuando conocemos a las víctimas, que son personas con nombre y apellido, nos da esta angustia, por lo que es necesario reforzar el trabajo de prevención, protección de las víctimas y la persecución (de los delincuentes).

Dijo que la trata es un problema nacional e internacional, en especial vinculado al fenómeno de la migración, de ahí que es necesario apuntalar la coordinación con otras naciones, principalmente de Centroamérica, para la óptima generación de políticas públicas.

A nivel interno –subrayó la ex subdirectora del programa contra la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos– se requiere trabajar de manera unida, con perspectiva institucional entre todas las dependencias involucradas.

En el pasado lustro fue muy significativo el avance normativo, de tipificación de tráfico de personas, aunque, resaltó, la trata de personas está rodeada de otros delitos, por lo que las políticas públicas deben ir de la mano del combate de estos ilícitos, y deben incluir ámbitos de vulnerabilidad, como las redes sociales.

En este contexto es imprescindible fortalecer la colaboración de la Federación con los estados y municipios.

“Tenemos un gran problema: ya identificamos qué es lo que la víctima necesita; sin embargo, cuando tratamos de acceder a todos los sistemas de protección nos cuesta mucho trabajo porque estamos desglosados. Por ejemplo, ‘esta víctima necesita un examen de VIH’, pero cuando te acercas al sector salud nos dicen que no puede hacer exención de pagos”, lamentó.

Por ello, dijo, el problema no es tener políticas públicas. sino bajarlas a quienes lo necesitan.

Trata, delito con cabal salud

En tanto, Rodolfo Casillas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señaló que en nuestro país, el delito de trata de personas goza de cabal salud, mientras que en el circuito de la justicia persisten la corrupción y la impunidad; a la vez, hay redes muy activas de delincuentes que han encontrado un campo muy fértil e impune.

La trata de personas goza de cabal salud en México y aún no encuentra ninguna barrera jurídica, social o cultural que la detenga, advirtió.

Tener una nueva ley de combate a la trata (explotación sexual o laboral) no ha sido la solución, además de que esta norma aún no tiene su reglamento, mientras que cada entidad lo asume de manera particular. Es decir, hay un marco legal diverso, contradictorio y no complementario entre las entidades.