a admisión de Palestina como Estado observador en la ONU, aprobada ayer por la Asamblea General del organismo con una abrumadora mayoría de 138 países a favor, nueve en contra y 41 abstenciones, es un acto de justicia tardío e insuficiente, pero de trascendencia histórica y de mínima coherencia por parte de la ONU, por cuanto sus propias resoluciones dictan la constitución de un Estado palestino al lado de Israel.
Durante más de seis décadas, sin embargo, la población palestina ha padecido la ocupación, el destierro, la limpieza étnica, el saqueo de sus recursos naturales, la represión militar y los ataques armados regulares del gobierno de Tel Aviv, sin poder contar con una representación ante el máximo organismo internacional. A partir de ahora, el estatuto limitado le permitirá integrarse a diversas agencias internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), además de la Unesco, a la que pertenece desde el año pasado. Pero, lo más importante, Palestina podrá suscribir el Estatuto de Roma, a fin de estar en condiciones de recurrir a la Corte Penal Internacional para denunciar ante ella los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen israelí contra las poblaciones de Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental, territorios que, de acuerdo con las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU, pertenecen a los palestinos y deben ser devueltos a ellos por Tel Aviv.
Con todo, Palestina seguirá careciendo de derecho a voto en la asamblea general, ya que su inclusión como integrante pleno de la ONU requiere de la aceptación del Consejo de Seguridad, y Washington ha declarado su intención de recurrir al veto si una solicitud en ese sentido llegara a ser planteada ante ese organismo. Por lo demás, es de prever que la Casa Blanca retire su financiamiento a las organizaciones internacionales que acepten como nuevo miembro a Palestina, como lo hizo ya con la Unesco.
La votación de ayer en la asamblea general muestra, de manera inequívoca, tanto el sentir mayoritario de la humanidad de que Palestina merece convertirse en Estado como la doble moral de las autoridades estadunidenses, que con el afán de proteger a su aliado estratégico, el régimen de Israel, se empeñan en mantener entre éste y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) una asimetría política y diplomática injusta, aberrante y violatoria del derecho internacional.
En otro sentido, la inclusión parcial en la ONU es un hecho positivo y saludable en la medida en que ha permitido un acercamiento entre las dos facciones que se disputan el poder político en el bando palestino: el partido Fatah, del presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, por una parte, y Hamas, la organización integrista que controla la franja de Gaza, por la otra. Es claro que la confrontación entre uno y otra ha socavado la perspectiva de formar un Estado propio en Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental, y en esa medida todo suceso que propicie la distensión entre ambos bandos constituye un factor de esperanza para un pueblo que se niega a perderla, a pesar de las décadas de sufrimiento, guerra, destrucción y despojo a que ha sido sometido.
