n la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada ayer, el gobierno de Enrique Peña Nieto se deslindó en forma por demás crítica de la estrategia en el rubro desarrollada durante la administración calderonista: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el propio titular del Ejecutivo federal expusieron diagnósticos devastadores de la guerra en la que Felipe Calderón y su equipo embarcaron al país, así como de sus nefastas consecuencias para la vigencia del estado de derecho, la integridad institucional, la seguridad pública y la procuración de justicia.

Aunque los resultados contraproducentes de la estrategia calderonista son de sobra conocidos por la opinión pública –decenas de miles de muertos, pérdida del control de varias regiones, descomposición en corporaciones policiales, procuradurías y organismos del Poder Judicial, numerosas violaciones a los derechos humanos, desarticulación del tejido social e impunidad generalizada–, la evaluación presentada por Peña Nieto y sus colaboradores resulta novedosa, por cuanto no se tenía una noción clara del panorama que el calderonismo dejó a su paso; por ejemplo, el grado de dislocación al que fue conducida la Procuraduría General de la República o del tamaño de la descoordinación y duplicación de funciones en las áreas de seguridad del gobierno.

A partir de ese diagnóstico, la nueva administración presentó seis lineamientos para reformular la política de seguridad pública y la procuración de justicia en el país: reducir la violencia y los índices delictivos mediante la planeación; emprender medidas preventivas a fin de atender las causas de la violencia, respeto a los derechos humanos; coordinación entre las instituciones federales y entre éstas y las estatales y municipales; conversión de la Policía Federal en una gendarmería nacional, y una evaluación constante.

Tales propósitos resultan, en principio, positivos –en sí mismos y porque denotan la intención de poner distancia respecto de la desastrosa línea de acción de los pasados seis años–, pero el tiempo y los hechos reflejarán, en definitiva, el grado de su eficacia.

En lo inmediato, es pertinente notar dos omisiones en la nueva política de seguridad e impartición de justicia, la más grave es la ausencia de referencias a las causas profundas del auge delictivo y de la consiguiente inseguridad: la devastación causada por la política económica vigente, con sus caudas de pobreza, marginación, desempleo y carencias crecientes en materia de salud y educación; desde esa perspectiva, una estrategia antidelictiva eficaz tendría que presentarse en estrecha articulación con una política social coherente orientada a compensar las pérdidas sociales causadas durante el ciclo de gobiernos neoliberales que ya dura tres décadas. Adicionalmente, una acción de gobierno orientada a contrarrestar la catástrofe calderonista debería incluir el combate a la impunidad, e iniciarlo justamente a partir del diagnóstico presentado ayer. Es razonable suponer que tras la descomposición, la descoordinación y las distorsiones institucionales, así como detrás del cúmulo de violaciones a los derechos humanos registradas entre 2006 y el año que termina, hay responsabilidades civiles, penales, administrativas y políticas que deben ser investigadas, esclarecidas y, en su caso, sancionadas. Tal curso de acción no sólo debe ser visto como un dictado legal, sino también como un paso necesario para dar fundamento de credibilidad a las propuestas formuladas.