n días recientes se dio a conocer en Estados Unidos que la cadena de supermercados Wal-Mart se ha desempeñado en nuestro país como un corruptor agresivo y que ha pagado sobornos para obtener autorizaciones de construcción y operación de centros comerciales. El caso más escandaloso sería el de San Juan Teotihuacán, donde la transnacional pagó más de 50 mil dólares a un funcionario no identificado para que éste alterara un mapa de zonificación de uso de suelo antes de que el documento fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Ese botón de muestra forma parte, según The New York Times, de un patrón de uso de sobornos para subvertir la gobernabilidad democrática y del sesgo regular de votos públicos, debates abiertos y procedimientos transparentes. Asimismo, la empresa ha sido señalada por sus prácticas antilaborales y por el daño que causa –en su desmedido afán de generar utilidades– a empleados, pequeños negocios y comunidades.

Wal-Mart dista de ser el único caso de una firma transnacional que desarrolla actividades ilegales en México. La semana pasada se dio a conocer que el banco HSBC, con sede en Gran Bretaña, lavó no menos de 881 millones de dólares del cártel de Sinaloa, de acuerdo con una investigación judicial estadunidense. Tras una oscura negociación entre las autoridades de Washington y la empresa financiera, las partes llegaron a un acuerdo: la segunda pagaría una multa de casi 2 mil millones de dólares y con ello se evitaría la imputación por cargos penales. No deja de asombrar el que semejante arreglo, tan parecido a un soborno, haya sido aceptado con normalidad por la opinión pública de aquel país.

No son solamente las firmas privadas de origen extranjero las que delinquen de diversas formas en el territorio nacional: dependencias del gobierno estadunidense, como la oficina de control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) y el organismo encargado de combatir las drogas ilícitas (DEA) han quebrantado la legalidad nacional al traficar armas destinadas a los grupos criminales que trafican droga o al lavar dinero procedente de estos, como ha quedado claro en diversas pesquisas realizadas en Estados Unidos.

Lo más exasperante de este fenómeno es que, por norma, cuando llegan a descubrirse prácticas como las referidas, ello ocurre porque las instancias judiciales o policiales de Estados Unidos, o bien los medios de ese país, deciden destaparlas. En cambio, en las instituciones mexicanas encargadas de procurar justicia, de supervisar la legalidad de los flujos financieros y la probidad en las oficinas públicas –desde la Procuraduría General de la República hasta la Secretaría de la Función Pública, pasando por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ejemplo– ha imperado una persistente indolencia para vigilar a entidades extranjeras públicas o privadas que operan en nuestro territorio.

Tal indolencia ha generado un terreno propicio para la impunidad, la vulneración persistente del estado de derecho y la multiplicación de la corrupción que padece el país. A su vez, esa impunidad reduce en forma sostenida los márgenes de soberanía, de por sí disminuidos por la sumisión de los gobiernos neoliberales a autoridades, organismos y capitales extranjeros.

Resulta urgente y necesario que el gobierno constituido el pasado 1º de diciembre tome cartas en el asunto y corrija esta situación de manera perentoria. De otra manera se consolidará la condición en el territorio nacional de un espacio corruptible para practicar la rapiña y la depredación.